La irrupción de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente el panorama de la innovación, obligando a las empresas, especialmente a las pymes de base tecnológica, a replantear las estrategias de gestión de sus activos intangibles. Hablamos de activos como patentes, marcas, secretos empresariales, derechos de autor, diseños o datos. Y es que ya no basta con aplicar modelos estándar de propiedad industrial e intelectual. Hoy en día, cada estrategia debe ser creada a medida y estar alineada con la hoja de ruta de I+D+i y con la estrategia de acceso al mercado de cada empresa. Una adaptación esencial para garantizar que los desarrollos tecnológicos no solo lleguen al mercado, sino que lo hagan de forma segura, rentable y sostenible.
El camino que va desde la idea hasta la comercialización es largo, incierto y costoso. En este trayecto, la propiedad intelectual se convierte en una herramienta clave para atraer inversión privada y financiación pública, además de facilitar la explotación comercial. En proyectos colaborativos, donde intervienen múltiples actores (empresas, centros tecnológicos, universidades), es fundamental definir claramente la titularidad de los desarrollos desde estadios iniciales. Además, activar mecanismos de protección desde etapas tempranas en lo referente a madurez tecnológica (TRLs), permite comenzar a dotar de independencia tecnológica a la empresa, evita conflictos futuros, asegura la libertad de operación y facilita la transferencia tecnológica.
En concreto, en el ámbito de las tecnologías etiquetadas como “Deep Tech”, caracterizadas por desarrollos altamente disruptivos y de base científica, la inversión en I+D+i suele ser elevada y requiere grandes periodos de tiempo. Para garantizar la viabilidad de estos proyectos, es habitual combinar fondos públicos —como subvenciones, ayudas europeas o incentivos fiscales— con inversión privada, que exige garantías de retorno y seguridad jurídica.
Aquí, los derechos de propiedad industrial e intelectual juegan un papel doble. Por un lado, permiten proteger el valor generado. Por otro, son instrumentos que facilitan la captación de inversión, al ofrecer a los inversores una base sólida sobre la que construir modelos de negocio escalables.
Por todo ello, la gestión estratégica de los intangibles no solo protege la innovación, sino que la convierte en producto. Es decir, permite “productificar” la I+D+i, transformando el conocimiento en soluciones comercializables. Esta transformación requiere una visión integrada, donde la protección, la explotación y la estrategia de mercado estén coordinadas. Por ejemplo, una patente no solo protege una tecnología, sino que puede ser utilizada como mecanismo fundamental sobre el que basar un acuerdo de licencia futuro o como una garantía en rondas de financiación.
Además, en mercados altamente competitivos y globalizados, contar con una estrategia de protección sólida permite minimizar riesgos como la copia, la apropiación indebida o la entrada de competidores en nichos estratégicos. Esto es especialmente relevante para las pymes, que suelen tener recursos limitados y necesitan maximizar el impacto de cada euro invertido en innovación.
En este contexto, invertir en propiedad intelectual y acceso a financiación es esencial. No se trata solo de registrar derechos, sino de diseñar estrategias que acompañen el crecimiento de la empresa, que se adapten a sus objetivos y que evolucionen con sus tecnologías. La protección debe ser dinámica, revisable y coherente con la evolución del proyecto.
En resumen, en la era digital y del deep tech, los activos intangibles son mucho más que una formalidad legal. Son el vehículo que permite a las pymes de base tecnológica recorrer el complejo camino de la I+D+i hacia el mercado. Una estrategia de protección bien diseñada, activada desde fases tempranas y alineada con la estrategia de negocio, no solo blinda el valor tecnológico diferencial de la empresa, sino que lo potencia, lo convierte en producto y lo posiciona en el mercado con garantías.
