El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado marcha atrás en su propuesta para las cotizaciones de los trabajadores autónomos a partir de 2026. Tras la fuerte oposición generada por el planteamiento presentado la semana pasada, la cartera que dirige Elma Saiz ha presentado una alternativa más moderada.
El rechazo inicial se produjo porque el borrador anterior preveía incrementos en todos los tramos de cotización, incluidos los más bajos, lo que habría supuesto subidas de entre un 3,8 % y un 35 % durante el periodo 2026-2028. En algunos casos, los autónomos habrían llegado a pagar más de 200 euros adicionales al mes.
La nueva versión, presentada este lunes, limita los cambios exclusivamente al año 2026 y elimina los aumentos para los autónomos con ingresos reducidos. Tal y como recoge El Confidencial, Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, ha explicado que los tres primeros tramos, que engloban a quienes declaran hasta 1.166,7 euros mensuales, mantendrán las mismas bases que en 2025. Esto significa que seguirán abonando entre 200 y 260 euros al mes a la Seguridad Social, una medida que el ministerio considera “imprescindible para proteger a los autónomos más vulnerables”.
En los tramos superiores sí habrá ajustes, aunque mucho más suaves que los propuestos inicialmente. El Gobierno plantea incrementos de entre el 1 % y el 2,5 %. Por ejemplo, un trabajador con rendimientos netos de unos 1.200 euros pasará a pagar cerca de 294 euros, mientras que quienes superen los 6.000 euros verán su cuota aumentar hasta los 604,75 euros. Suárez ha explicado que estos cambios responden “a la necesidad de equilibrar la sostenibilidad del sistema sin castigar a quienes más esfuerzo realizan”.
El documento ya ha sido remitido a las principales organizaciones del sector y a los agentes sociales. Desde UPTA, CCOO y UGT se ha valorado positivamente la congelación de las cotizaciones más bajas, aunque las organizaciones advierten de que los avances son todavía insuficientes para alcanzar la cotización por ingresos reales prevista para 2032. “El ritmo de la reforma es demasiado lento”, señalan fuentes sindicales a El Confidencial, que reclaman más ambición en la actualización de las bases intermedias.
En cambio, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha recibido con satisfacción la rectificación del ministerio. Su presidente, Lorenzo Amor, ha asegurado que “hemos parado el sablazo” y ha destacado que el nuevo enfoque coincide con la propuesta defendida por su organización. No obstante, ha advertido de que no respaldarán el acuerdo definitivo si no se corrigen los errores detectados en las regularizaciones de 2023 y si no se avanza hacia una equiparación real en materia de protección social.
Esta nueva propuesta forma parte del desarrollo del Real Decreto-ley 13/2022, que estableció la transición hacia un sistema de cotización vinculado a los ingresos reales. Con el nuevo paso, el Gobierno intenta recuperar el consenso perdido y dar estabilidad a un colectivo de más de tres millones de profesionales. Las negociaciones continuarán en las próximas semanas con la intención de cerrar un texto definitivo antes de que termine el año.