La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 ya es oficial, pero el acuerdo vuelve a evidenciar la fractura en el diálogo social. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha firmado el incremento junto a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. La patronal, en cambio, se desmarcó del pacto.
El nuevo incremento, del 3,1%, sitúa el SMI en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Es la octava subida desde 2018: el salario mínimo ha pasado de 735 a 1.221 euros en ocho años, un alza acumulada superior al 66 %. El Ejecutivo calcula que la medida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes, y la enmarca en una estrategia de refuerzo del poder adquisitivo y reducción de la pobreza laboral.
Durante el acto, Sánchez ha defendido que subir el SMI es una “cuestión de justicia social” y ha negado que las alzas hayan provocado el deterioro económico que algunos anticipaban. Yolanda Díaz fue más allá al asegurar que “el SMI no destruye empleo, destruye pobreza”, vinculando la medida a los actuales niveles de ocupación y estabilidad laboral.
La visión es distinta en el ámbito empresarial. CEOE y CEPYME rechazaron, a finales del mes de enero, la propuesta y denunciaron un deterioro del diálogo social. Las organizaciones sostienen que el incremento llega en un contexto de desaceleración económica y alertan del impacto acumulado de las subidas en los últimos años.
España cuenta con un tejido empresarial compuesto por pymes, lo que intensifica el debate sobre la capacidad de absorción de la subida
Qué implica para las empresas
Más allá del choque político, distintos organismos económicos han analizado los efectos de los incrementos del salario mínimo sobre el tejido productivo. El Banco de España ha señalado en informes sobre anteriores subidas (especialmente la de 2019) que el impacto fue más intenso en empresas con alta concentración de trabajadores en el entorno del mínimo, como agricultura, comercio y hostelería. El aumento no solo afecta al salario base. Al elevarse la remuneración bruta, también crecen las cotizaciones sociales asociadas, incrementando el coste laboral total por empleado.
El organismo también ha advertido de los llamados efectos indirectos o de arrastre. Cuando el salario mínimo sube con intensidad, puede ejercer presión sobre categorías salariales próximas para evitar la compresión interna de sueldos. Ese fenómeno, documentado en análisis del Banco de España, altera en algunos casos las tablas salariales y las negociaciones colectivas.
En el debate actual, la patronal ha puesto el foco en la compensación y absorción de complementos salariales prevista en el Estatuto de los Trabajadores. CEOE y CEPYME sostienen que limitar ese mecanismo reduce el margen de ajuste interno de las empresas y traslada de forma más directa el incremento del SMI a los costes finales.
El impacto no es homogéneo. La OCDE ha señalado que los efectos del salario mínimo dependen del nivel de productividad de los sectores y de la capacidad de las empresas para absorber o trasladar el aumento de costes. En la misma línea, estudios del FMI apuntan a que los ajustes pueden producirse vía precios, márgenes empresariales, inversión o contratación, según el contexto económico.
España cuenta con un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, lo que intensifica el debate sobre la capacidad de absorción de estos incrementos. Mientras el Gobierno defiende que las anteriores subidas no han frenado la creación de empleo y han contribuido a reducir la desigualdad, la patronal insiste en que la acumulación de alzas en pocos años introduce tensiones adicionales.
Con el nuevo SMI ya fijado en 1.221 euros, el foco se desplazará ahora a los datos: evolución del empleo en los sectores más expuestos, negociación colectiva y márgenes empresariales.
