A partir del 1 de julio de 2025, entrarán en vigor varias nuevas normativas que afectarán a las pequeñas y medianas empresas en España. Estas reformas forman parte de la estrategia del Gobierno para modernizar el tejido productivo, fomentar la competitividad, reducir la morosidad y avanzar hacia un modelo económico más digital y sostenible.
Factura electrónica obligatoria
Una de las medidas más destacadas es la implantación obligatoria de la factura electrónica en todas las operaciones entre empresas y autónomos. Esta obligación, establecida por la Ley Crea y Crece, ya se aplica a grandes empresas, y a partir del 1 de julio se extenderá a todas las pymes y autónomos, independientemente de su volumen de facturación.
La Agencia Tributaria ha lanzado herramientas gratuitas como VeriFactu, especialmente pensadas para autónomos y micropymes que no cuentan con software especializado. Además, el programa Kit Digital ofrece ayudas para facilitar esta transición.
Informe de sostenibilidad para pymes
Alineado con los objetivos europeos del Pacto Verde, se exigirá a partir del último trimestre de 2025 que las pymes que superen los 10 trabajadores o los 2 millones de euros de facturación presenten un informe anual de sostenibilidad. Este deberá incluir información sobre consumo energético, gestión de residuos, huella de carbono y políticas sociales, según los estándares marcados por la Directiva Europea de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD).
El Ministerio para la Transición Ecológica ofrecerá líneas de asesoramiento técnico y financiero para facilitar la implementación de estas prácticas.
Digitalización y subvenciones
El Gobierno también ha reforzado su apuesta por la transformación digital de las pymes. Junto con la factura electrónica, se promoverá el uso de software de gestión, ciberseguridad, CRM, y herramientas de análisis de datos. Estos proyectos podrán beneficiarse de subvenciones de hasta 12.000 euros dentro del programa Kit Digital, cuya segunda fase estará abierta entre junio y diciembre de 2025.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha reconocido el valor de las medidas, pero ha pedido flexibilidad en su aplicación. “Apoyamos la modernización, pero muchas pymes aún no tienen recursos suficientes para cumplir con estos requisitos en tan poco tiempo”, declaró su presidente, Gerardo Cuerva.
Por su parte, el Gobierno ha confirmado un período de adaptación sin sanciones hasta finales de 2025, con campañas informativas y soporte técnico para facilitar la transición.
