La decisión del Consejo de Ministros de dar luz verde a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha encendido todas las alarmas en el tejido empresarial español, especialmente en el universo de las pymes. La medida, aún pendiente de aprobación definitiva en el Parlamento, ha sido calificada por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) como un “nuevo ataque al diálogo social” y una “grave intervención en la negociación colectiva”.
Según el informe elaborado por el servicio de Estudios de CEPYME, el coste directo de esta medida para las pymes ascendería a 13.900 millones de euros anuales, frente a los 11.800 millones estimados en junio de 2024. El incremento se explica por el mayor número de asalariados y el efecto arrastre del salario mínimo interprofesional, que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años.
Más costes, menos margen
Las pymes, que representan más del 99 % de las empresas en España, son especialmente vulnerables ante este tipo de medidas estructurales. Según CEPYME, desde la salida de la pandemia han sufrido un aumento del 25,1 % en los costes laborales, una tendencia que compromete seriamente su competitividad, capacidad de contratación y planificación financiera.
La reducción de jornada sin una correspondiente bajada salarial supondría de facto un incremento del 6 % en el coste laboral por trabajador. Además, los expertos advierten que esta carga no solo se traduce en costes directos, sino también en efectos indirectos como menor productividad, necesidad de contratar personal adicional, pago de horas extra o dificultades para mantener el nivel de servicio en sectores intensivos en mano de obra.
Un impacto desigual por sectores y territorios
La aplicación generalizada de esta medida impactará de forma desigual en función de la rama de actividad. El estudio de CEPYME identifica como sectores más afectados en número de trabajadores a las actividades inmobiliarias, la hostelería y la agroganadería, mientras que el comercio, la hostelería y la industria manufacturera soportarán los mayores costes totales.
En conjunto, se estima que tres de cada cuatro asalariados, unos 8,8 millones de personas cubiertas por convenios colectivos, se verán directamente afectados por la imposición de esta medida. Muchas de estas empresas ya se encontraban lejos del objetivo de 37,5 horas semanales, por lo que el ajuste será especialmente complejo.
CEPYME lamenta que la reducción de jornada se haya planteado sin una memoria económica que justifique su viabilidad, y fuera de los cauces del diálogo social. La patronal recuerda que la jornada laboral ha ido descendiendo progresivamente en las últimas décadas (de 40 horas en 1983 a las 38,3 actuales) gracias a la negociación colectiva, y advierte que imponer una nueva reducción sin consenso supone romper el equilibrio de la negociación entre empresa y trabajador.
La Confederación insiste en que cualquier cambio en las condiciones laborales debe estar vinculado a la productividad y permitir márgenes de adaptación por sector y territorio. Lo contrario puede tener efectos contraproducentes sobre la inversión, el empleo y el crecimiento.
En busca de certidumbre en un entorno incierto
El anuncio de esta reforma llega en un momento de especial incertidumbre para las pymes españolas, que se enfrentan a un entorno económico volátil, marcado por la desaceleración del crecimiento global, la presión regulatoria y nuevas tensiones geopolíticas, como la guerra arancelaria impulsada desde EE. UU.
En este contexto, CEPYME ha reiterado su petición de un marco normativo estable y predecible, que permita a las empresas planificar su actividad y sus inversiones con seguridad jurídica. Imponer medidas estructurales sin medir su impacto real no solo distorsiona el funcionamiento de las empresas, sino que debilita la capacidad del tejido productivo para competir en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos.
