Externalizar las denuncias a las autoridades o guiar a los empleados a informar de irregularidades son las responsabilidades que tendrá que desempeñar el gestor del canal de denuncias. Esta figura será obligatoria para todas las pymes de entre 50 y 250 empleados a partir del 1 de diciembre como se establece en la Ley 2/2023 de Protección de informantes en España. El objetivo de esta nueva normativa es evitar consecuencias negativas como, por ejemplo, el despido, traslado, degradación o intimidación sobre las personas que denuncien irregularidades en el entorno laboral.
La nueva normativa obliga a las empresas a implementar un canal de denuncias efectivo y que garantice la confidencialidad del informarte, así como a contar con un gestor para dicho canal. El gestor debe haber recibido formación, estar preparado para guiar a los empleados y tomar decisiones relacionadas con el cumplimiento de esta ley crucial. Las sanciones para las organizaciones que no cumplan con la ley se enfrentarán a sanciones que oscilan entre los 600.001 euros y el millón de euros.
Para conocer mejor la figura del gestor del canal de denuncias, los expertos de EQS Group han profundizado en las responsabilidades del gestor y la necesidad de formarle. En primer lugar, el gestor debe abogar por las denuncias que reciba, es decir, estas disponible para escuchar a los empleados o cualquier parte interesas. Además, será el encargado de hacer un seguimiento para asegurarse de que las irregularidades denunciadas hayan sido abordadas adecuadamente y, en caso de que los informes involucren violaciones legales graves, informar a las autoridades externas.
En segundo lugar, tiene que garantizar la confidencialidad y el anonimato de los informantes. También debe ser imparcial ante los hechos y, por último, tiene que evitar que se tomen represalias. Este último punto implica definir los protocolos y tomar medidas para prevenir cualquier forma de represalia por parte de la organización u otros empleados como consecuencia del informe.
