El plan del Ministerio de Trabajo para implantar un registro horario obligatorio en todas las empresas españolas ha recibido un fuerte revés. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen crítico, en el que advierte que el Real Decreto tal como está planteado no puede aprobarse. Según La Vanguardia, aunque se reconoce la intención de garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, la forma de implementarlo presenta serios problemas legales y prácticos.
Entre los principales reparos se encuentra el hecho de que se intenta introducir una obligación de carácter legislativo a través de un reglamento, lo que excede las competencias del Gobierno. También se señala la insuficiencia de las medidas para proteger los datos personales de los trabajadores, la falta de un tratamiento diferenciado para las pequeñas empresas y la ausencia de ajustes por sectores económicos.
El informe destaca que imponer un sistema digital único para más de un millón de empresas requiere un análisis más profundo y plazos de adaptación mayores. En este sentido, el Ministerio de Economía había advertido que los veinte días propuestos inicialmente eran insuficientes, y recomendaba la creación de una aplicación pública gratuita o de bajo coste para facilitar la transición, siguiendo modelos ya utilizados en otros procesos digitales.
El dictamen no es vinculante, pero su tono crítico deja en evidencia que el reglamento podría enfrentarse a recursos judiciales si se aprueba sin cambios. Un voto discrepante dentro del Consejo argumenta que el sistema planteado cumple con criterios de objetividad y accesibilidad, y que podría ser válido si se ajusta adecuadamente.
Tras conocerse el dictamen, el Ministerio de Trabajo ha defendido la iniciativa, subrayando que busca asegurar que las empresas respeten la ley y que se remuneren correctamente las horas extraordinarias. Por su parte, Economía ha expresado su apoyo a la medida siempre que se otorguen plazos razonables para que las pymes puedan adaptarse.
