Mañana, 29 de julio, entrará en vigor en España el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación, una medida derivada de la Ley 11/2021 destinada a mejorar la transparencia y el control en la gestión empresarial mediante la digitalización de la facturación. Esta normativa obliga a las empresas a utilizar sistemas digitales certificados que aseguren la integridad, autenticidad y trazabilidad de las facturas emitidas.
Según un estudio reciente de Deloitte, aproximadamente un 65 % de las empresas españolas han iniciado o completado la adaptación de sus sistemas de facturación para cumplir con los nuevos requisitos, aunque la tasa varía significativamente según el tamaño y sector empresarial. Las grandes compañías muestran un mayor nivel de cumplimiento, mientras que las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a mayores dificultades para incorporar las herramientas necesarias.
El reglamento establece plazos escalonados para facilitar la adaptación: las grandes empresas debieron implementar los sistemas certificados antes del 30 de junio de 2025, mientras que las pymes cuentan con un plazo adicional que finaliza el 31 de diciembre de 2025. Para las microempresas, se prevé una prórroga hasta mediados de 2026, con el fin de que dispongan de tiempo suficiente para adecuar sus procesos.
La transición representa un desafío especialmente para las pymes, que deberán realizar inversiones tecnológicas y formativas para cumplir con la normativa
El fraude fiscal continúa siendo un problema relevante para la economía española. Según datos de PwC, las pérdidas anuales por fraude fiscal podrían situarse en torno a los 90.000 millones de euros, cifra que representa aproximadamente un 7-8 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país. En este contexto, el nuevo reglamento busca mejorar la supervisión y trazabilidad de las transacciones comerciales, facilitando la detección de posibles irregularidades y aumentando la eficiencia de la gestión tributaria.
La Agencia Tributaria tendrá acceso en tiempo real a la información generada por los sistemas certificados, lo que permitirá un control más riguroso y automatizado, alineado con los objetivos de transparencia y fiscalización efectiva.
Retos y oportunidades para las empresas y el sector tecnológico
Consultoras especializadas señalan que la transición representa un desafío especialmente para las pymes, que deberán realizar inversiones tecnológicas y formativas para cumplir con la normativa. No obstante, también se reconoce el potencial beneficio de una gestión más ágil y segura, con menos errores y una reducción de los riesgos de sanciones administrativas.
Además, se espera que la demanda de soluciones tecnológicas compatibles con el nuevo Reglamento impulse el crecimiento del sector tecnológico en España, generando oportunidades para proveedores de software y servicios especializados en facturación electrónica y cumplimiento fiscal. Según un informe de MarketsandMarkets, el mercado global de software de facturación electrónica experimentará un crecimiento anual compuesto del 13,2 % entre 2023 y 2028, impulsado por la digitalización y las normativas fiscales más estrictas. En España, un estudio de IDC prevé un aumento del gasto en transformación digital cercano al 10-12 % anual en los próximos años, con un foco especial en la automatización financiera y el cumplimiento normativo. Gartner, por su parte, destaca la creciente demanda de servicios integrados que ayuden a las empresas a gestionar la complejidad regulatoria y garantizar el cumplimiento en tiempo real.
En conclusión, la entrada en vigor del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación constituye un paso significativo hacia la modernización del control fiscal en España. La correcta implementación y el cumplimiento de los plazos establecidos serán determinantes para garantizar una gestión más transparente, eficiente y segura en el ámbito empresarial.
