La crisis económica, derivada de la covid-19, está provocando un aumento en la morosidad. Para intentar frenarla las empresas españolas se están decantando por la ampliación de los plazos de pago. Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, 4 de cada 5 organizaciones están optando por esta práctica para no dañar la relación con sus clientes. Una cifra que supone 11 puntos porcentuales por encima de la media europea.
La encuesta refleja que la recesión económica, tal y como afirma el 92 %, es el principal reto al que tendrán que enfrentarse las empresas para que sus clientes paguen a tiempo. A esta problemática se le suman las dificultades financieras. Y es que los créditos de las líneas ICO caducarán a partir del próximo mes de marzo, lo que puede provocar el cierre del crédito y la caída de miles de empresas.
Además, la nueva normativa contable de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) provocará que las entidades financieras vuelvan a iniciar procesos de ejecución de las deudas, lo que llevará a muchos negocios a concursos de acreedores. Algunas de estas organizaciones son solventes, únicamente presentan problemas temporales por la crisis económica derivada de la covid-19. Con este panorama las empresas españolas hacen unas previsiones poco halagüeñas, ya que en un año se ha quintuplicado el porcentaje de organizaciones que pronostica que el riesgo deudor aumentará en 2021.
Ante este escenario de incertidumbre las empresas españolas ponen en marcha diversas medidas para prevenir los impagos, siendo el pago por adelantado el mecanismo más utilizado. De hecho, tal y como se muestra en el informe, el 51 % de las organizaciones encuestadas recurre a esta iniciativa con el objetivo de reducir las deudas de sus clientes, mientras que el promedio europeo se sitúa en el 31 %.