Las pequeñas empresas, núcleo del tejido productivo español, están mostrando señales de tensión creciente ante la combinación de costes elevados e inseguridad jurídica. Así lo ha afirmado la CEOE que advierte de la “asfixia normativa” a la que se ven sometidas las compañías, con constantes anuncios de nuevas obligaciones y rigidez regulatoria, está incidiendo de manera negativa en su capacidad de crear empleo y mantener competitividad.
Los últimos datos del mercado laboral reflejan un desequilibrio creciente entre grandes empresas y PYMES. Mientras las compañías con más de 499 empleados registran un crecimiento interanual del empleo del 5,6 %, las microempresas apenas crecen un 0,2 %. Esta dualidad evidencia que, aunque la afiliación media roza los 21,7 millones de cotizantes, el dinamismo laboral no se distribuye de manera uniforme y las pequeñas empresas pierden peso en la generación de empleo: su participación ha caído del 21,6 % en 2019 al 18,4 % en enero de este año.
Además, la presión sobre los costes se combina con dificultades para planificar a medio y largo plazo debido a la falta de previsibilidad regulatoria. La CEOE subraya que esta situación limita la inversión, la contratación y la innovación en el segmento de las PYMES, que no cuentan con los mismos recursos que las grandes compañías para absorber incrementos de costes o adaptarse rápidamente a nuevas obligaciones legales.
El escenario contrasta con la evolución del empleo en grandes empresas, donde la creación de puestos de trabajo se mantiene sólida y la estabilidad contractual es mayor. Para la CEOE, esta dualidad hace urgente avanzar hacia políticas que garanticen seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y contención de costes de producción, con especial atención al apoyo a las PYMES para que puedan mantener su papel estratégico en la economía española.
