El 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal. Esto ha supuesto un cambio sustancial en la valoración de las actuaciones llevadas a cabo en el seno de la empresa, que son consideradas como ilícitos penales, con derivación de responsabilidad a las personas jurídicas y, por tanto, a los órganos de gobierno. En definitiva, a los consejeros o administradores de las mismas.
Cuándo dice “derivación de responsabilidad a las personas jurídicas” quiere decir que toda empresa, sin importar su tamaño – por el hecho de ser persona jurídica – está sujeta al Código Penal, puesto que los ilícitos penales que regula, no dependen del tamaño de la empresa sino de la intencionalidad en la comisión del delito. Al final, los requerimientos de establecer sistemas de organización y gestión por escrito, estructurados y supervisados, afectan por igual a las pymes y a las empresas de tamaño grande.
Las pymes pueden buscar colaboraciones externas para implantar ese sistema de organización y gestión, que empieza ya a denominarse “Manual de Compliance” (cumplimiento normativo). De hecho, la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, valora positivamente la colaboración con profesionales externos que faciliten la implantación del “Manual de Prevención de Delitos”, del “Código de Conducta de la empresa” y la implantación de medidas de supervisión, vigilancia y control del compliance.
Los abogados, por su formación jurídica penal; los auditores de cuentas, por su especialización en el conocimiento y evaluación del control interno establecido en la empresa y los auditores de normas ISO, por el potencial de estandarización y estructuración que tiene la metodología de implantación de normas ISO, están plenamente capacitados para colaborar con las pymes en la implantación del programa de compliance.
¿Qué ventaja tiene la implantación de un programa de compliance para la pyme?
Aunque no es obligatorio, es altamente recomendable, puesto que, un programa de compliance correctamente implementado en la cultura de la empresa, exime de responsabilidad penal a la persona jurídica por los posibles ilícitos penales que cometan sus empleados o directivos, vulnerando o violentando los controles de cumplimiento normativo implantados en la pyme. Este programa, además, favorece a las pymes por el hecho de que cumplen las condiciones que las grandes empresas solicitan a sus proveedores y proyecta una imagen de transparencia y cumplimiento ante las administraciones a la hora de la contratación.
