Llevamos dos años hablando de recuperación económica. Tan solo hay que atenerse al crecimiento, en torno al 3,5 % y unos 530.000 puestos de trabajo creados, con el que nuestra economía parece que va a cerrar 2015, a lo que habría que añadir una consolidación fiscal positiva. Todo ello nos ha hecho volver al redil del grupo de países líderes en crecimiento en la Eurozona, tal y como afirman desde CEPYME. Sin embargo, remarcan que será necesario el empuje de políticas económicas para generar una mayor confianza en nuestra economía. ¿Qué hacer? Seguir con las reformas estructurales, apuntan. Por ello solicitan a los partidos políticos una serie de medidas que ayudarían a ello.
Desde la Confederación Española de la Pequeña o Mediana Empresa se subraya la necesidad de reducir las tasas de desempleo, que generan un alto coste social y económico y restan potencial de crecimiento a nuestro país. La solución para aumentar la competitividad pasaría por formar a los parados y mejorar su educación, así como en la disminución de la deuda externa, que nos hace ser tan vulnerables. En todo ello el sector empresarial juega un importante papel, reconocen desde la patronal. Un sector empresarial que ha sufrido la baja de unas 280.000 empresas durante el periodo de crisis y del que todavía no se ha recuperado.
Respecto a la competitividad, en el círculo empresarial aseguran que las compañías que han sobrevivido se han hecho más fuertes, más competitivas, aunque advierten que el entorno económico global es cada vez más exigente y dinámico, para lo que se necesita una estrategia integrada que potencie la innovación tecnológica, la apertura de nuevos mercados y la facilidad de hacer negocios. En todo ello la Administración Pública juega un papel esencial, acompañando y ayudando al sector empresarial y atrayendo a los inversores con un entorno favorable. Aunque en los últimos tiempos ya se han adoptado diferentes medidas para mejorar las condiciones de inversión empresarial y la financiación, así como la simplificación y reducción de una excesiva regulación, junto a grandes reformas estructurales, tanto en el mercado laboral como en el financiero o en la reforma fiscal y el mercado interior. Desde CEPYME destacan que todavía queda mucho por hacer. Y precisamente por esto, y de cara a las elecciones generales, los empresarios españoles han elaborado una serie de propuestas que ayuden a la ansiada recuperación, la creación de empleo y la mejora de la competitividad.
Empleo
Así, en materia de empleo, proponen reforzar las políticas de empleo para que den respuesta a las necesidades de empresas y trabajadores, ofreciendo a las compañías servicios más integrales de análisis y detección de necesidades, de orientación, formación o intermediación. Y a los desempleados, una atención más personalizada, con el fin de mejorar su empleabilidad.
También apuestan por fomentar la contratación y el autoempleo. O la articulación de un sistema permanente que detecte las necesidades del mercado laboral, con el fin de diseñar políticas activas, junto a la mejora de los mecanismos de intermediación en el empleo, impulsando la colaboración público-privada, pagando a las agencias de colocación en función de los resultados obtenidos y según el coste real de los recursos empleados, estableciéndose fases de compromisos. Todo ello con el fin de aligerar la carga de los servicios públicos de empleo. En relación a estos últimos, piden reformarlos en profundidad, ya que consideran que los servicios públicos de empleo son ineficaces. El sistema de cobertura por desempleo también debería ser reformado, dicen, mientras consideran imprescindible el desarrollo de mecanismos que permitan una mayor compatibilización de la percepción de los subsidios por desempleo con percepciones salariales correspondientes al trabajo realizado en una empresa, con beneficios para los desempleados.
En cuanto al mercado de trabajo, solicitan reducir la gran variedad de contratos, promocionar la contratación indefinida pero con el reconocimiento de la contratación temporal justificada, facilitando la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal. En este sentido también verían bien la creación de un contrato temporal específico para las ETTs, compatible con el uso de otras modalidades de contratación temporal directa o a través de las mismas.
Otra medida sería la de redefinir el contrato por obra o servicio determinado, eliminando el límite de tres años y mejorar y potenciar la contratación a tiempo parcial, haciéndolo más atractivo tanto para las empresas como para los trabajadores.
La contratación de los jóvenes sería otro de los objetivos prioritarios, para lo que se inclinan por contratos formativos más flexibles, tanto en las condiciones de la jornada como en el salario, con el fin de insertarlos en el mercado de trabajo. Contratos que podrían tener una duración de unos tres años.
En cuanto a los mayores de 45 años, adoptar medidas para mantenerles laboralmente activos y mejorar su empleabilidad mediante la incentivación de políticas activas de empleo, estableciendo dentro de los Servicios Públicos de Empleo y Agencias privadas de colocación servicios de orientación específicos, con contenidos orientados a las nuevas demandas de cualificación del mercado.
También se alude a la extinción de la relación laboral, buscando un mayor acercamiento entre la indemnización por despido objetivo y la correspondiente por terminación de contrato temporal. Al tiempo que se inclinan por el abono de ocho días de indemnización por el FOGASA en los contratos indefinidos extinguidos por causas objetivas en empresas de menos de 25 trabajadores, especialmente en los despidos colectivos.
Negociación colectiva
La necesidad de una modernización en el convenio colectivo exige retomar el diálogo entre interlocutores sociales y Gobierno y mejorar la información disponible en la misma, más allá de las hojas estadísticas de los convenios colectivos como el análisis del propio texto de los convenios.
Incrementar el reenvío de materias para su regulación, a través de la negociación colectiva, resolver las consecuencias derivadas del cese de ultractividad de los convenios, si no se puede aplicar otro convenio colectivo o eliminar la extensión obligatoria de convenios y avanzar en el uso de los sistemas autónomos de solución de conflictos laborales, por poner algunos ejemplos, son otras de sus solicitudes.
Financiación
La financiación es otro de los puntos destacados. En este sentido, los empresarios destacan que tras varios años de crisis hay un crecimiento de empleo debido, en parte, a la mejora de las condiciones de financiación y la reducción de los costes de financiación. También revelan que se necesitan instrumentos financieros adicionales, que cubran los riesgos relacionados con la financiación a largo plazo de las inversiones, sobre todo de las más pequeñas. Por ello proponen mejorar los instrumentos financieros, con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, para que ofrezcan financiación a largo plazo para las inversiones, préstamos participativos o la aportación de mayores garantías y cobertura para este tipo de operaciones, gestionándolo a través de las sociedades de garantía recíproca. Y canalizar, en mayor medida, los fondos disponibles en el programa Iniciativa PYME.
Por otro lado, mejorar los incentivos fiscales y eliminar cualquier obstáculo fiscal que limite el acceso a la financiación de capital, fortaleciendo la neutralidad en la captación de financiación empresarial. Aunque también ven necesario mejorar la cultura empresarial en el ámbito financiero, para que puedan diversificarse las fuentes de financiación.
También consideran que sería aconsejable la reducción de los plazos de cobro de las empresas y el volumen de deuda comercial en mora, ya que somos uno de los países que pagamos las operaciones comerciales con más retraso. Al tiempo que sería aconsejable una modificación de la normativa en este sentido.
Innovación
Fundamental también es establecer un marco adecuado para desarrollar el I+D+i y el proceso de transformación digital, con el fin de mejorar la competitividad y el crecimiento económico, pero para ello hay que alcanzar el 2 % del gasto en I+D antes del año 2020. Para mejorarlo, desde CEPYME establecerían políticas adecuadas, encaminadas a esto con incentivos específicos, haciendo que la reducción de los presupuestos no afecten a esta partida. Como contrapartida: aumentar la dotación presupuestaria para I+D+i dentro de un plan plurianual, a medio plazo, para seguir invirtiendo en esta materia, sobre todo por parte de las pymes y micropymes.
La tan ansiada colaboración público-privada sigue en la palestra, así como impulsar los procesos de reindustrialización, con el fin de regenerar el tejido industrial y el empleo. Otra de las prioridades pasan por mejorar el actual marco del sistema fiscal español de apoyo a la I+D+i, por lo que solicitan un gran acuerdo entre los partidos políticos en esta materia, apoyando los incentivos fiscales. Todo ello con una mayor protección a la innovación, a través de la propiedad industrial, con el fin de conseguir un mayor número de patentes. Apoyos que también podrían derivarse al Capital Riesgo, sin olvidar el desarrollo de programas de apoyo a la comercialización de la tecnología, impulsando la compra pública innovadora para llevar al mercado esta tecnología, sorteando obstáculos relacionados con las barreras normativa o costes elevados de pruebas, por poner algunos ejemplos.
También apuestan por la internacionalización de nuestra I+D+i, junto a la transformación digital de todos los sectores productivos, incentivando el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones, una mayor penetración de equipamiento y uso de las tecnologías en las empresas y en la sociedad, favoreciendo su penetración desde la Formación Profesional y aplicando la factura electrónica.
Otras medidas
El papel de las Administraciones Públicas para ayudar a conseguir el crecimiento es fundamental para los empresarios. ¿Qué se necesitaría por su parte? Orientar la política fiscal y presupuestaria hacia el proceso de consolidación fiscal. Seguir con iniciativas como la de la Unidad del Mercado, pero en clave más europea. Coordinar las políticas tributarias de todas las administraciones y suprimir una gran parte de los impuestos autonómicos, así como acabar con la economía sumergida.
No debemos olvidar la internacionalización, para lo que habría que promocionar y proteger nuestros intereses en el exterior o diversificar a otros mercados nuestras exportaciones y aplicar el principio de subsidiaridad de actuaciones a ICEX España Exportación e Inversiones.
Un especial hincapié en la educación también sería conveniente, según los expertos, logrando un pacto social en esta materia o establecer una relación fluida entre educación y empresa, junto a la promoción de la enseñanza privada.
Y en esta educación, la Formación Profesional también es importante para el segmento empresarial, que será quien tenga que decidir la asignación y el destino de los fondos. Aunque también consideran que el Estado tendría que complementar dichos fondos. En esta materia también se pide un “Pacto por la Formación” entre los interlocutores sociales y el Gobierno y una mayor implicación y participación de los mismos en este sistema de formación.
Otro pacto, pero esta vez de Estado, se solicita para conseguir una industria más competitiva, que alcance el 20 % del PIB. Junto a la adopción de precios más competitivos de la energía.
Y un Pacto nacional para la Sanidad en el que se apoye un sistema sanitario público, universal y equitativo de financiación pública o la revisión del sistema de Dependencia.
En materia de Seguridad Social demandan una rebaja de las cotizaciones empresariales a este organismo y continuar con las reformas que contribuyan a un sistema público de pensiones viable y sostenible en el tiempo.
Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial sería otra de las variables a discutir, desde las premisas de voluntariedad y unidad de mercado.
Las infraestructuras también forman parte de las peticiones, fomentando su inversión o aprobando la implantación de un Plan de nuevas infraestructuras, entre otras.
Y en materia de igualdad, apoyar a la mujer empresaria y estimular la educación igualitaria entre los emprendedores o entender el principio de igualdad como eje conducto de las empresas.
INMA ELIZALDE
