Actualmente en España más de 450.000 pymes necesitan más financiación para evitar el colapso, así se refleja en el último “Barómetro de la gA”. En el informe, realizado por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, se muestra que cerca de 130.000 empresas estarían a las puertas de presentar concurso de acreedores si no llegan las ayudas necesarias para solventar la situación. “Esperamos no llegar a esta situación”, ha afirmado Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos. Santiago ha mostrado la sorpresa que esta cifra a supuesto para el sector. “Las empresas están esperando una decisión que les permita sobrevivir y por eso aguantan más de lo que pueden”, ha asegurado.
Tal y como se recoge en el informe, siguen en ERTE más de 300.000 empresas, de las cuales 113.000 cuentan con un ICO. Mientras que otras 225.000 pymes han formalizado operaciones avaladas por la línea ICO covid-19 y no se encuentran en ERTE en estos momentos. Otro datos preocupantes que arroja el “Barómetro de la gA” es que al menos el 60 % de las operaciones formalizadas por las pymes que se encuentran en ERTE deberán acogerse a la ampliación de plazos anunciada por el Gobierno.
El análisis revela también que más de 200.000 empresas están pensando en reclamar al Estado una indemnización y más de 150.000 negocios tiene previsto reclamar a sus seguros. Sobre este asunto, el presidente de los Gestores Administrativos ha asegurado que “el Gobierno debería ser ágil para responder con ayudas directas y evitar que el sistema judicial se colapse también por estas demandas”.
Posibles medidas
Para el 56 % de los Gestores Administrativos la aprobación de ayudas directas se torna imprescindible en estos momentos. Mientras que el 52 % cree que debería rebajar los seguros sociales y el 50 % aboga por facilitar el pago de los impuestos con más plazo, mayor importa para aplazamientos y eliminación del tipo de interés.
Los gestores también se han pronunciado sobre qué empresas podrían considerarse viables y cuales no, en el caso de que el Estado establezca esta frontera para rescatarlas o no. El 55 % cree que no será fácil definir qué negocio es viable y cual no. Un 39 % afirma que deberían considerarse viables las empresas que lo eran antes de la pandemia y el 32 % defiende que serán viables las organizaciones con menor endeudamiento.
