El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha reclamado al Gobierno una revisión urgente de la implantación de Verifactu y de la futura factura electrónica obligatoria para adaptar ambas normativas a la realidad de autónomos y micropymes. El colectivo defiende que las nuevas obligaciones tecnológicas deben aplicarse con criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal para evitar que los pequeños negocios asuman exigencias que consideran desproporcionadas.
La petición llega cuando ya está definido el calendario de implantación de Verifactu, que obliga a adaptar los sistemas de facturación antes del 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y antes del 1 de julio de ese mismo año para los autónomos y el resto de obligados. Los Gestores Administrativos recuerdan que el 99,8 % del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas con estructuras muy reducidas en las que el propio empresario asume la dirección del negocio, la gestión administrativa, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la atención a los clientes. En este contexto, advierten de que cada nueva exigencia regulatoria resta tiempo y recursos a la actividad empresarial.
El presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago, sostiene que la Administración Tributaria dispone hoy de herramientas tecnológicas suficientes para distinguir entre contribuyentes con diferentes niveles de riesgo fiscal. A su juicio, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería o un trabajador autónomo deban afrontar obligaciones similares a las de empresas de gran tamaño cuando su realidad y su nivel de riesgo son completamente diferentes. El colectivo insiste en que no cuestiona la digitalización ni las medidas dirigidas a combatir el fraude fiscal. Al contrario, considera que la inteligencia artificial y las capacidades tecnológicas de la Administración representan una oportunidad para mejorar los sistemas de control. Sin embargo, defiende que esas herramientas deberían servir para aplicar una regulación más flexible y adaptada al perfil de cada contribuyente.
Como ejemplo de esa falta de proporcionalidad, los Gestores Administrativos citan situaciones recogidas en el propio Informador de la Agencia Tributaria. Según explican, un pequeño bar que habitualmente emite tickets podría verse obligado a adaptar de forma permanente su sistema de facturación simplemente porque una empresa solicite una factura completa tras una comida de trabajo. Del mismo modo, una peluquería podría asumir esas mismas obligaciones después de prestar un servicio puntual a una productora o agencia de publicidad que necesite justificar el gasto mediante una factura.
A juicio del Consejo General, estas operaciones excepcionales no alteran el riesgo fiscal del negocio, pero sí desencadenan obligaciones tecnológicas permanentes. «Las normas deben perseguir el fraude allí donde existe, no generar nuevas cargas para quienes llevan años cumpliendo correctamente con sus obligaciones», afirma Fernando Jesús Santiago.
La organización también advierte de que la coincidencia temporal entre la implantación de Verifactu y la futura factura electrónica obligatoria incrementará la presión sobre miles de pequeñas empresas, ya que ambas reformas recaerán sobre los mismos contribuyentes sin que, según denuncia, se haya realizado una evaluación conjunta de su impacto.
Para corregir esta situación, el Consejo General propone introducir criterios objetivos que tengan en cuenta el tamaño de la empresa, su historial de cumplimiento, el volumen de actividad o el nivel de riesgo fiscal. También solicita aplicar exenciones selectivas para determinados sectores cuando la propia normativa lo permita y reclama la elaboración de un estudio que evalúe de forma conjunta el impacto de ambas reformas antes de su implantación definitiva.
