La grave oleada de incendios forestales que afecta a varias comunidades autónomas ha comenzado a generar una respuesta institucional para minimizar el impacto económico sobre empresas y autónomos. Mientras los servicios de emergencia continúan trabajando para controlar los distintos focos y evaluar los daños, tanto las Administraciones públicas como entidades financieras empiezan a desplegar medidas de apoyo dirigidas a facilitar la recuperación del tejido empresarial, especialmente en aquellos sectores más afectados, como la agricultura, la ganadería, el transporte, la construcción o los servicios.
Una de las primeras iniciativas específicas para las pymes ha sido anunciada por Avalmadrid, que ha puesto en marcha una línea especial de avales para empresas y autónomos afectados por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid. El producto está diseñado para facilitar el acceso a financiación de emergencia y no contempla comisión de aval, aplicándose únicamente una comisión de estudio del 1 % para operaciones con un plazo de hasta cuatro años. La medida pretende proporcionar liquidez inmediata a los negocios que han sufrido daños materiales o interrupciones de su actividad como consecuencia de la emergencia.
Lorenzo Alonso, director general de Avalmadrid, ha destacado el compromiso de la entidad con la recuperación del tejido empresarial al asegurar que “queremos responder con efectividad ante la emergencia social y económica que afrontan estas zonas de la Comunidad de Madrid con el fin de ayudar a reactivar su actividad empresarial cuanto antes y que su tejido empresarial pueda acceder de inmediato a la financiación que necesitan para recuperarse y continuar operando. Un paso clave para volver a ser competitivas, generar puestos de trabajo e impulsar el desarrollo económico en la región”.
Esta actuación se suma al plan urgente de vivienda anunciado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que contará con una dotación de 30 millones de euros para atender a las familias afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. El programa contempla el realojo temporal de quienes no puedan regresar a sus viviendas mediante inmuebles de la Agencia de Vivienda Social, ayudas que podrán cubrir hasta el 100 % del alquiler de los hogares que hayan quedado inhabitables y apoyo económico para la reparación y reconstrucción de las viviendas dañadas.
Castilla y León también ha comenzado a activar medidas para favorecer la recuperación económica de las zonas afectadas por el incendio de la provincia de Ávila. La Junta, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha puesto en marcha un dispositivo urgente para garantizar el suministro de alimento y agua a las explotaciones ganaderas afectadas, con el envío de camiones cargados de paja, heno, forraje y pienso a los municipios más perjudicados. Asimismo, ha anunciado que el próximo Consejo de Gobierno aprobará un paquete de ayudas directas para ganaderos, agricultores y apicultores, que incluirá compensaciones por pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o pérdida de colmenas, además de ayudas para la reconstrucción de instalaciones agrarias, cercados y vallados. La Junta también prevé facilitar el aprovechamiento de los pastos una vez regenerados, manteniendo la admisibilidad de estas superficies a efectos de las ayudas de la PAC de 2027 y ejercicios posteriores.
Mientras tanto, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana continúan centrando sus esfuerzos en las labores de extinción, atención a los damnificados y evaluación de los daños. Por el momento, no han anunciado paquetes extraordinarios de ayudas económicas dirigidos específicamente a empresas y autónomos, aunque no se descarta que puedan hacerlo una vez finalice la valoración del impacto de los incendios.
Por su parte, y según han publicado diversos medios de comunicación, el Gobierno de España aprobará un real decreto con medidas extraordinarias para empresas y trabajadores afectados por los incendios. La norma contempla una prestación específica para quienes hayan visto interrumpida su actividad como consecuencia de evacuaciones, daños en los centros de trabajo o la falta de suministros básicos. Asimismo, el Ministerio de Trabajo asumirá temporalmente los costes salariales y de cotización de los trabajadores durante el periodo de inactividad, con el objetivo de aliviar la carga económica de las empresas y facilitar la recuperación de la actividad.
