La factura electrónica avanza entre pymes y autónomos en España, pero su implantación todavía presenta importantes diferencias según el tamaño de las empresas. El 59,1 % afirma haber implementado ya esta herramienta, mientras que un 40,3 % todavía no lo ha hecho, según los datos del II Informe Hiscox de pymes y autónomos en España.
Los resultados muestran, por un lado, un grado de adopción mayoritario que confirma el avance de la digitalización de los procesos administrativos. Sin embargo, el elevado porcentaje de empresas que todavía no utiliza la factura electrónica evidencia que persisten barreras relacionadas con los recursos disponibles, las capacidades técnicas o el conocimiento sobre las ventajas de estas soluciones.
La situación adquiere especial relevancia ante la próxima obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y profesionales. El Real Decreto 238/2026, publicado en marzo de este año, desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria B2B y establece el marco para su implantación.
No obstante, la obligatoriedad no comenzará de forma inmediata ni tendrá la misma fecha para todas las empresas. El calendario empezará a contar cuando entre en vigor la orden ministerial que complete el desarrollo de la solución pública de facturación electrónica. A partir de ese momento, las empresas y profesionales con un volumen de operaciones superior a ocho millones de euros dispondrán de 12 meses para adaptarse, mientras que para el resto de los empresarios y profesionales el plazo será de 24 meses.
De acuerdo con el calendario previsto en la normativa, y a falta de la entrada en vigor de dicha orden ministerial, la primera fase de obligatoriedad se produciría previsiblemente en 2027 para las empresas con una facturación superior a ocho millones de euros, mientras que el resto de empresas y autónomos tendrían que adaptarse en 2028.
La implantación presenta además diferencias significativas según el perfil de empresa. Los autónomos y profesionales sin asalariados son quienes muestran el mayor nivel de adopción, con un 65 %, mientras que el 34,3 % todavía no ha implementado la factura electrónica. Entre las empresas de uno a nueve empleados, el porcentaje de adopción se sitúa en el 53 %, frente a un 46,4 % que todavía no la utiliza. La situación cambia entre las pymes de mayor tamaño. En este segmento, solo el 37,3 % afirma haber implementado la factura electrónica, mientras que el 62,7 % todavía no lo ha hecho.
Los datos dibujan así un escenario desigual. Aunque la factura electrónica ya está presente en una mayoría de pymes y autónomos, cuatro de cada diez todavía tienen pendiente su implantación, y el retraso es especialmente acusado entre las empresas de mayor tamaño dentro del segmento analizado.
La próxima obligatoriedad puede acelerar el proceso de digitalización de los sistemas de facturación, pero también plantea retos para aquellas empresas que todavía trabajan con procesos tradicionales o soluciones que no están preparadas para los nuevos requisitos.
La nueva regulación establece un sistema de facturación electrónica entre empresarios y profesionales basado en formatos estructurados e interoperables. Además, contempla mecanismos para comunicar información sobre el estado de las facturas y los pagos, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de las operaciones y contribuir a reducir los plazos de pago.
Para las empresas que todavía no han iniciado la transición, el periodo previo a la entrada en vigor de la obligación será, por tanto, clave para revisar sus sistemas de facturación, comprobar su compatibilidad con los nuevos requisitos y adaptar sus procesos administrativos.
