A pesar de los avances normativos introducidos por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública continúa lejos de los objetivos marcados. Estas empresas, que representan el 99,8 % del tejido empresarial, siguen encontrando importantes barreras para acceder a un mercado que puede llegar a suponer hasta el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB).
La contratación pública constituye uno de los principales motores de la economía, con un peso estimado de entre el 10 % y el 20 % del PIB. Sin embargo, la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la normativa evidencia que las pymes no han logrado integrarse plenamente en los procesos de licitación.
Entre las medidas clave introducidas por la ley se encuentran la simplificación de los trámites administrativos y la división de los contratos en lotes, diseñada para facilitar el acceso de empresas de menor tamaño. Además, los órganos de contratación están obligados a justificar cuando deciden no aplicar esta división. No obstante, en la práctica, estas herramientas no siempre se utilizan con la intensidad necesaria, lo que limita su impacto real.
“El marco normativo introdujo instrumentos pensados para facilitar el acceso de empresas de menor tamaño, pero en muchos casos su aplicación práctica es todavía limitada y no forma parte de una estrategia real para fomentar la competencia”, explica Fernando Cacho, abogado de Derecho Público y socio de Tax & Legal en RSM.
Estas conclusiones coinciden con las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en su guía sobre contratación pública y competencia publicada en abril de 2025 identificó diversos obstáculos persistentes. Entre ellos destacan la complejidad técnica de los procedimientos, la falta de información y formación, requisitos de solvencia desproporcionados, criterios de adjudicación restrictivos y sistemas rígidos de revisión de precios.
Aunque estas dificultades afectan a empresas de todos los tamaños, su impacto es especialmente significativo en las pymes, debido a sus limitaciones estructurales en recursos financieros y administrativos.
Para revertir esta situación, la CNMC propone medidas como la realización de estudios de mercado previos, la simplificación de la documentación exigida, la adecuación de los requisitos de solvencia y la adopción de procedimientos más abiertos y accesibles. Asimismo, algunos expertos plantean la posibilidad de reservar un porcentaje de contratos públicos específicamente para pymes, con el objetivo de reforzar su presencia en el sistema.
“La participación de las pymes no debería depender únicamente del cumplimiento formal de la normativa. Es necesario que exista una planificación estratégica por parte de los órganos de contratación que favorezca la competencia, simplifique los procesos y reduzca barreras innecesarias”, concluye Cacho.
