España sigue demostrando que a un gran número de empresas no le gusta pagar por el software que utiliza. Así queda reflejado en el último informe de la BSA, en el que se destaca ha crecido un 14 % el número de denuncias por el uso de software ilegal en su portal de denuncias. 576 han sido los casos notificados, una cifra que casi duplica las denuncias que se registraron en 2014, año en el que se contabilizaron 315 casos, y que supera al de la medida europea. En nuestro país más de cuatro de cada diez programas informáticos (44 %) instalados en los equipos corporativos de empresas son ilegales, frente al 28 % de la media de la Unión Europea, y del 20 % de otros países como Estados Unidos o Canadá. Y todo ello a pesar de los riesgos a los que se exponen: riesgos legales y económicos muy graves, la suspensión de actividad, y la inhabilitación para acceder a subvenciones y ayudas públicas o contratar con el sector público, por poner algunos ejemplos
Esto ha ocasionado que se hayan llevado a cabo 347 acciones legales, entre las que destacan los registros judiciales de las instalaciones de las empresas ordenadas por los Juzgados Mercantiles. En estas acciones, que crecieron un 12 % respecto a las efectuadas en 2016, se encontró software sin licencia por un valor de 200.000 euros de media por empresa (194.285 €), lo que equivale a cerca de 4.000 euros de promedio por cada ordenador (3.940 €).
Lo curioso del caso es que, según datos de la entidad, la mayor parte de las investigaciones a empresas parten de las denuncias de los exempleados (41 %), seguidas de las efectuadas por otras empresas competidoras (38 %) y de las denuncias anónimas de empleados actuales de las compañías supuestamente infractoras (21 %).
Según Carlos Pérez, socio responsable del área de IT, riesgo y cumplimiento de Ecija, firma legal de BSA en España, “no sólo se recibe una mayor cantidad de denuncias, sino que además estas ofrecen cada vez más detalles e información concreta que facilita materializarlas en las correspondientes acciones legales contra las empresas infractoras”.
BSA ha comprobado que la concienciación por el uso de software ilegal ha crecido entre los directivos y empleados en el informe “Actitudes Frente a las prácticas ilegales en las Pymes Españolas”. Un estudio que confirma que el 80 % de los trabajadores estaría dispuesto a informar de ilegalidades y conductas no éticas cometidas en su empresa y que refleja que el coste comercial por esta práctica representa más de 800 millones de euros para los fabricantes y los desarrolladores de software.
