La normativa europea Whistleblower, que entrará en vigor en España en este 2022, tiene como objetivo ampliar garantías y dar seguridad a quienes denuncien malas prácticas en el ámbito laboral. Para facilitar el cumplimiento de la ley Factorial permitirá, mediante su software de recursos humanos, que las empresas puedan automatizar todas las tareas de implementación y seguimiento que la nueva normativa implica.
La herramienta ofrecerá un canal de denuncias corporativo en el que tanto empleados como terceros podrán contribuir activamente a fortalecer la transparencia. Una contribución que se hará a través de una contraseña de único acceso para garantizar la confidencialidad de los usuarios. “Ofrecer a las empresas este servicio refuerza nuestro compromiso con los líderes de recursos humanos de las organizaciones, para encargarse de actividades que aporten valor a sus empleados y les ayuden a empoderar el talento”, ha comentado Jordi Romero, CEO de Factorial.
El software de Factorial ya ayuda a las empresas a adaptarse y cumplir con otras normativas como, por ejemplo, las leyes de control horario, de igual o de registro salarial obligatorio. Gracias al empleo de esta herramienta las organizaciones consiguen centralizar todos sus procesos, aumentar la seguridad de sus documentos y potenciar la comunicación interna.
Whistleblower
La nueva normativa obliga a las compañías a crear un canal de denuncia activo. Dicho canal debe estar gestionado por un departamento, o persona, encargado de recoger, recopilar y hacer el seguimiento de las denuncias. Las empresas disponen de tres meses para realizar la investigación pertinente y se prohíben las represalias o amenazas
Además, la ley establece que la responsabilidad pasa del denunciante a la empresa, siendo esta la encargada de realizar la investigación y aportar pruebas para defenderse de las acusaciones. Todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, de más de 50 trabajadores se verán afectadas por esta nueva normativa. Una normativa que también influye a todas aquellas empresas privadas de menos de 50 empleados que se dedique a sectores críticos como la alimentación, salud o seguridad, entre otros.