El Estudio de la gestión del riesgo de crédito en España, elaborado conjuntamente por Crédito y Caución e Iberinform, desvela que los plazos de pago en 2022 se han estabilizado en valores muy similares a los del pasado año. Según datos del informe, el 11 % del tejido productivo trabaja con plazos superiores a los 90 días, una cifra similar a la de 2019. Mientras que el 54 % opera con plazos superiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de medidas de lucha contra la morosidad.
Estos plazos de pago son superiores a los que las empresas desearían. Así lo ha manifestado el 71 % de las encuestadas, las cuales han asegurado que aceptan plazos de pago superiores para mantener su cartera de clientes. El estudio muestra, además, que el mejor comportamiento se registra en el sector público y el peor entre las pymes y la gran empresa. De hecho, únicamente el 8 % de las organizaciones que trabaja con la Administración tiene que aceptar una extensión no deseada de los plazos de pago.
La capacidad de las organizaciones para imponer plazos también se ha reducido. En el caso de los autónomos un 12 % y un 39 % para pymes y grandes compañías.
Además, el estudio muestra el impacto de la pandemia en los dos principales segmentos empresariales en los que se apoya la economía española. Durante 2020 y 2021 las pymes, por primera vez desde que se elabora este estudio, tuvieron peor comportamiento que las grandes empresas. En 2021, solo el 33 % del tejido productivo tuvo que aceptar plazos de pago superiores a los deseados por parte de las empresas de mayor tamaño frente al 43 % que tuvo que alargar los plazos para trabajar con el segmento de pymes.
Por último, el informe refleja que las pymes fueron las principales responsables del retraso en pagos. Un hecho relacionado, según el sector, a la falta de liquidez principalmente. Las empresa también han citado el retraso intencionado de los clientes (49 %) y la disponibilidad de fondos (47 %) como razones de la morosidad. Otras explicaciones están ligadas a la complejidad del procedimiento de pagos (15 %), la emisión de facturas incorrectas (7 %) o las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (6 %).
