A menos de tres meses para la entrada en vigor de VeriFactu, el nuevo sistema de facturación electrónica impulsado por la Agencia Tributaria, un 47,3 % de los autónomos y pequeñas empresas españolas aún desconoce su existencia o su fecha de obligatoriedad. Así lo revela una encuesta realizada por Legálitas Negocios a través de sus perfiles en redes sociales, en la que participaron más de 1.600 emprendedores.
VeriFactu hace referencia al conjunto de requisitos técnicos que deberán cumplir, de forma obligatoria, los programas informáticos de facturación a partir de 2026. Su implantación tiene como objetivo garantizar la integridad, trazabilidad y transparencia de las facturas emitidas, permitiendo que estas sean registradas y verificadas en tiempo real por la Agencia Tributaria. Con ello, se busca combatir el fraude fiscal y avanzar en la digitalización de los procesos administrativos de empresas y trabajadores autónomos.
Según la normativa, el uso de VeriFactu será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para las sociedades limitadas, anónimas o cualquier otra forma societaria que cumpla con los requisitos establecidos. A partir del 1 de julio del mismo año, la obligación se extenderá también a los trabajadores autónomos. El incumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones económicas de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal. Además, si se desarrollan o distribuyen programas informáticos que no cumplan con la normativa, las multas podrían ascender hasta los 150.000 euros.
Pese a que la infraestructura técnica ya está plenamente operativa y permite comenzar el proceso de adaptación, el estudio de Legálitas muestra que un 25,4 % de los encuestados aún no ha iniciado la implantación de VeriFactu porque considera que “aún hay tiempo”. En contraste, solo un 27,4 % afirma conocer el sistema y estar adaptando sus programas de facturación, lo que evidencia una falta de preparación generalizada ante una reforma clave en el ámbito fiscal.
Están obligados a implementar VeriFactu todas aquellas empresas y autónomos establecidos en territorio español que estén obligados a emitir facturas, incluidas facturas simplificadas, y que utilicen sistemas informáticos de facturación. Quedan fuera de esta obligación quienes facturen exclusivamente de forma manual, quienes estén acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII), quienes tengan su domicilio fiscal en el País Vasco o Navarra, o quienes cuenten con una resolución vigente que les exima del cumplimiento.
Más allá de las sanciones económicas, no adaptarse a tiempo puede tener consecuencias operativas y reputacionales. Entre ellas se incluyen el rechazo de facturas por parte de grandes clientes, retrasos en los cobros, errores en la gestión diaria debido a incompatibilidades de software y pérdida de confianza en el negocio por no cumplir con la normativa vigente.
Desde Legálitas se insiste en la importancia de actuar con antelación y no esperar a las fechas límite. La adaptación a VeriFactu no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para modernizar los procesos de facturación y garantizar una mayor seguridad y eficiencia en la gestión empresarial.
