El Anteproyecto de Ley para la reforma de la Ley Concursal se prepara para implantarse antes del 30 de junio del próximo año, mientras que los concursos de acreedores siguen aumentando en España. El objetivo de esta reforma es la trasposición de la Directiva 1023/2019. Una finalidad que implica cambios que podrán comprometer la seguridad jurídica de los procesos concursales como, por ejemplo, la exclusión de la figura del administrador en los procedimientos de la segunda oportunidad y en el denominado como “procedimiento especial para microempresas”.
“Somos el único país de Europa en el que el administrador concursal es excluido de los procesos de insolvencia y es percibido como el culpable del fracaso del sistema”, afirman desde la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC). Además, los expertos de la organización han mostrado su preocupación por “permitir que se el deudor el que se haga cargo del concurso, teniendo en consideración el posible y casi probable desconocimiento de este sobre el funcionamiento de los procesos de insolvencia”. Desde la ASPAC consideran que esto “puede suponer un riesgo tanto para el deudor como para el acreedor y ambos pierdan la seguridad jurídica al eliminar a los profesionales de la gestión”.
En España los concursos de acreedores han crecido, según datos de Axesor, más de un 46 % en los primeros nueves meses de 2021 con respecto al mismo periodo del pasado año. Un dato que también avalan las cifras publicadas por Informa D&B. El estudio de la compañía apunta que los concursos se han incrementado en un 51 % en los primeros tres trimestres del año.
Atendiendo a esta tendencia al alza y la proximidad del fin de la moratoria concursal los juzgados podrían enfrentarse a una gran carga de trabajo el próximo año. Una sobrecarga para la que el Anteproyecto no contempla ninguna respuesta, sino que impone un peso más para las administraciones con la eliminación de la figura del administrador concursal.
