El pasado 13 de junio entró en vigor en España la Ley de Protección de los Denunciantes para las empresas de más de 250 empleados. Esta nueva normativa obliga a las organizaciones a disponer de un sistema de denuncia confidencial de infracciones internas. Las compañías de entre 50 y 250 trabajadores tienen como límite hasta diciembre para adaptarse a esta nueva normativa.
Actualmente, según muestra un estudio de Personio, el 65 % de las empresas españolas ya dispone de un sistema de canal de denuncias, porcentaje que coloca a España como el segundo país más preparado de Europa. Por el contrario, el 23 % de los encuestados aún no tiene una política de canal de denuncias, mientras que el 11 % desconoce si la tiene.
En cuanto al conocimiento que empresarios y trabajadores tienen sobre la nueva ley, el 48 % de los empresarios afirma conocer la nueva normativa europea, frente al 45 % que dice haber oído hablar de ella. El caso de los empleados es diferente, el 32 % asegura conocer bien la ley y un 23 % de ellos dice no saber si su empresa tiene una política de denuncia de irregularidades. Estos datos reflejan la necesidad de que los empresarios expliquen a sus trabajadores en qué consiste la denuncia de irregularidades y qué medidas han adoptado internamente.
La seguridad de los trabajadores (64 %), el cumplimiento de las normas (39 %), el compromiso de los empleados (30 %) y la protección de la reputación corporativa (17 %) son los motivos que mueven a los empresarios a establecer un canal de denuncias de irregularidades.
Para facilitar esta implementación Personio acaba de lanzar Whistleblowing, una solución centralizada que permite a los empleados y partes externas denunciar irregularidades de forma segura y anónima.
