El Gobierno ha aprobado la tramitación en las Cortes Generales del proyecto de ley que contempla el impuesto sobre determinados servicios digitales, que popularmente se denomina “tasa digital”, más conocida como “tasa Google”. A través de este impuesto, de carácter indirecto, se gravará determinados servicios digitales en los que intervengan los usuarios situados en el territorio español. El tipo impositivo que se aplicará será del 3 % y la recaudación estimada es de 1.200 millones de euros anuales.
La “tasa digital” gravará tres supuestos: la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario en interfaces digitales.
Las empresas que tendrán que pagar la misma serán las que su cifra de negocio supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. “España es el primer país de la Unión Europea que adapta la tributación a los nuevos modelos de negocio digitales”, ha destacado la ministra portavoz Isabel Celaá.
Tasa Google y pymes
Y, aunque el objetivo, según indicó la ministra es “es acabar con la competencia desleal” que supone que estas empresas no paguen impuestos en los países donde no tienen presencia física, a pesar de que generen beneficios en ellos, desde la patronal tecnológica AMETIC lamentan esta decisión ya que, en su opinión, impactará negativamente en la economía española, siendo las pymes uno de los segmentos más afectados.
Según sus declaraciones, “la mayor parte del coste de este impuesto será soportado por las pymes que usan las plataformas digitales y por el usuario, que verá cómo se incrementan los costes de los productos y verá reducida las opciones en el canal digital”. Desde la patronal, además, aseguran que también afectará negativamente a la innovación y a la posición digital, lo que situará a España en una desventaja competitiva respecto a otros países europeos y a nivel mundial , al tratarse de un impuesto a la exportación. Al tiempo que recuerdan que esta tasa “rompe con el acuerdo internacional de gravar los beneficios y no los ingresos, y generaría problemas de doble tributación”.
