La nueva Ley de Protección de Informantes tiene como objetivo impulsar una cultura de transparencia y de ética en el ámbito empresarial, así como prevenir la corrupción. Con la entrada en vigor de esta nueva normativa las compañías de más de 50 trabajadores, tanto del sector público como privado, deben disponer de un canal de denuncias y hacer un uso correcto del mismo, ya que en caso contrario podrían enfrentarse a sanciones económicas de entre 600.000 euros y un millón de euros.
Para ayudar a las organizaciones a cumplir con la nueva regulación y prevenir irregularidades empresariales que puedan derivar en multas, los expertos de EQS Group han analizado cuatro escenarios de sanciones para casos muy graves. En primer lugar, no disponer de un canal de denuncias, accesible y fácil de usar, antes del 13 de junio, en el caso de empresas de más de 250 empleados. La ley busca promover un medio seguro y confidencial para que los trabajadores puedan denunciar infracciones o comportamientos inapropiados en su empresa.
En segundo lugar, dificultar el seguimiento de la denuncia, es decir, no sólo es obligatoria disponer del canal de denuncias, sino que la compañía debe garantizar el adecuado proceso de seguimiento y resolución de las denuncias recibidas. En tercer lugar, no respetar el anonimato del alertador. En este sentido es imprescindible que la empresa adopte medidas concretas para proteger la identidad del denunciantes. Y, por último, practicar cualquier tipo de represalia al informante, ya sea de forma directa o indirecta.
Otros aspectos claves
Además, la Ley de Protección de Informantes recoge otra serie de sanciones que las empresas deben tener cuenta como, por ejemplo, revisar periódicamente sus procesos internos de denuncia para asegurarse de que están funcionando de manera correcta y siguiendo la normativa vigente.
En este sentido, es imprescindible que las organizaciones designen a una persona como responsable de la recepción de denuncias. Y es que si las empresas carecen de esta figura la inseguridad y desconfianza puede adueñarse de los informantes, lo que conllevaría a no utilizar el canal de denuncias.
