Según el nuevo Informe Europeo de Pagos de Intrum el 42 % de las pymes españolas reconoce que los retrasos en los pagos son la causa de los despidos. Cifra que sitúa a España entre los tres países europeos en los que los impagos a pymes están repercutiendo más negativamente en el empleo, al mismo nivel que Irlanda y únicamente superada por Lituania con el 44 %. En el extremo opuesto están Países Bajos, República Checa (4 %), Bélgica (9 %) y Portugal (19 %).
La covid-19 ha provocado un descenso tanto de la oferta como de la demanda, esto deriva en aplazamientos de pagos lo que, sumado a la caída de ingresos, genera despidos de trabajadores y cierre de empresas. Entre los meses de marzo y agosto en España se han destruido 74.300 empresas según los Códigos de Cuenta de Cotización de la Seguridad Social. Estos cierres son el resultado de que la tasa de paro española roce el 16 % tal y como informa el Instituto Nacional de Estadística.
Con esta situación excepcional la Directiva Europea de lucha contra la morosidad recomienda que los plazos de pago no excedan los 60 días, aunque la realidad es muy distinta. De hecho, en el caso de España el plazo de pago supera de media los 20 días. El resultado es que mientras que las compañías ofrecen a sus clientes y proveedores un plazo medio de pago de 44 días, estos tardan en abonar las facturas hasta 65 días. Esto provoca que la “brecha de pago” sea cada vez mayor entre las condiciones de pago y la duración del mismo, lo que a su vez supone un riesgo real para el crecimiento del 48 % de los negocios españoles.
