Un total de 4.020 empresas han decidido cambiar su sede social de comunidad autónoma durante los tres primeros trimestres de 2024, según el último estudio de Informa D&B. Aunque esta cifra representa una ligera disminución del 4 % respecto al año anterior, sigue siendo un indicador de la movilidad empresarial en España.
Entre las principales razones que impulsan estos traslados se encuentran la búsqueda de entornos fiscales más favorables, la proximidad a mercados más grandes o la necesidad de reducir costes operativos. Estos movimientos empresariales tienen un impacto directo en la economía regional, generando nuevas oportunidades de empleo y dinamizando el tejido productivo.
Los cambios de domicilio social de empresas en Cataluña experimentaron un crecimiento exponencial a partir de 2017, alcanzando cifras récord en 2018. Aunque el ritmo de estos traslados se ha moderado en los últimos años, con 5.240 empresas que cambiaron de domicilio en 2023, la tendencia general sigue siendo ascendente. Este fenómeno refleja una pérdida de confianza en el entorno empresarial catalán y ha generado una mayor movilidad empresarial en busca de destinos más estables. A largo plazo, esta situación podría tener consecuencias negativas para la economía catalana, al erosionar su tejido productivo y dificultar la atracción de nuevas inversiones.
Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, “desde 2015, Madrid mantiene 36 trimestres con saldos positivos entre las llegadas y las salidas de empresas por cambios de domicilio, Baleares 32 y Valencia 26, mientras que Cataluña ha recortado en los 39 trimestres analizados”.
El tercer trimestre de 2024 ha evidenciado una clara polarización en los flujos migratorios empresariales entre las comunidades autónomas. Andalucía, Extremadura, Galicia, Valencia, Canarias, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria y Ceuta han registrado un saldo positivo en el balance entre empresas que se establecen y aquellas que se marchan. Por el contrario, Cataluña, Navarra, Madrid, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Melilla han experimentado una salida neta de empresas. Estos datos reflejan una reconfiguración del mapa económico español, con algunas regiones emergiendo como polos de atracción para las inversiones y otras enfrentándose a desafíos para retener el tejido productivo.
