En septiembre entró en vigor el nuevo decreto sobre el sistema de formación para el empleo en el ámbito laboral, en el que se introduce la obligatoriedad de estar acreditado para impartir la formación, la responsabilidad solidaria, la modificación en los porcentajes de cofinanciación, la duración mínima de dos horas en las acciones formativas o la responsabilidad solidaria de los actores implicados, así como la diferenciación entre la gestión de la formación encomendada a una entidad externa o realizada con los propios medios de la empresa.

Así, se produce una limitación en relación con los pagos anticipados de solo el 25 %. Se prohíbe la subcontratación de la formación. Se incluye un nuevo porcentaje para las microempresas por el que participarán con sus propios recursos en la financiación de sus trabajadores en un 5 % y se elimina la formación a distancia a partir del 1 de enero de 2016, por poner algunos ejemplos.

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