El 14 de junio entrará en vigor, para las empresas de más de 250 trabajadores, la nueva Ley de Protección del Informante. En el caso de las empresas de más de 50 empleados será el 1 de diciembre. La nueva normativa obliga a las organizaciones españolas a implementar canales de información privados que garanticen a los informantes un entorno de comunicación seguro, confidencial y anónimo.
La adopción de esta nueva ley preocupa a las más de 26.000 empresas que existen en España de entre 50 y 250 trabajadores. La preocupación tiene que ver con la urgencia con la que deben aplicar nuevas medidas para las que dicen no estar preparadas. De hecho, según un estudio de Grant Thornton, en 2020 menos del 10 % de las empresa españolas disponía de un canal de denuncias. Porcentaje que actualmente ha ascendido hasta el 20 %, pero que sigue siendo bajo dado el escaso espacio de tiempo que resta para que la normativa entre en vigor.
La nueva Ley de Protección del Informante obliga a las compañías a disponer de un software o plataforma para informar de irregularidades, una infraestructura para gestionar y tramitar las denuncias, un código ético, así como persona que se encargue de liderar el proyecto y que será conocido como compliance officer.
Además, la normativa contempla la posibilidad de que las pymes, ante la dificultad que les puede suponer la gestión interna de este canal, puedan externalizar a compañías especializadas este servicio para que se encarguen de todo el proceso.
Grant Thornton, para simplificar las nuevas obligaciones legales, ha diseñado una nueva herramienta enfocada a gestionar el canal de denuncias y que se apoya en la tecnología de blockchain. En el desarrollo de esta solución han participado tanto las áreas de legal como la de consultoría tecnológica de la compañía.
