El Congreso de los Diputados ha rechazado el proyecto de ley promovido por el Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales. La medida, que no ha superado su votación en el Parlamento, afectaba directamente a la organización de las empresas y, especialmente, a las pymes, y supone un revés para una de las iniciativas estrella del ministerio que dirige Yolanda Díaz.
El rechazo se produce en un contexto marcado por la falta de consenso en la mesa de diálogo social, donde empresarios y sindicatos no habían logrado un acuerdo en torno a esta reforma. Tanto CEOE como CEPYME han celebrado el resultado parlamentario, asegurando que evita un “grave impacto negativo” sobre la economía, el empleo y también sobre los consumidores.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han querido agradecer a los grupos parlamentarios su voto contrario a una norma que, en su opinión, se planteaba de forma unilateral y sin tener en cuenta la realidad de las empresas, especialmente las más pequeñas.
“Desde el primer momento hemos advertido de que una reducción de jornada impuesta, sin atender a las necesidades de empresas, pymes y autónomos, generaría problemas organizativos, menor productividad, más costes y un menor atractivo para la inversión”, señalan CEOE y CEPYME.
Las patronales alertan también de que, en un contexto de dificultades para cubrir vacantes, esta reducción obligatoria habría afectado a la calidad de los servicios y al crecimiento económico, perjudicando la creación de empleo y la oferta para los consumidores.
Reivindicación del diálogo social y la negociación colectiva
Tanto CEOE como CEPYME defienden que cualquier cambio en la jornada laboral debe abordarse desde la negociación colectiva sectorial, el marco tradicional en el que empresas y trabajadores han alcanzado acuerdos durante más de cuatro décadas.
“El debate sobre la jornada debe regresar al espacio que le corresponde: el diálogo social y la negociación colectiva, lejos del ruido mediático. Permitir que un ministerio legisle sobre una materia ya pactada entre empresas y trabajadores debilita los mecanismos esenciales del diálogo social y, con ellos, nuestra convivencia”.
Las asociaciones han hecho un llamamiento a retomar las mesas de negociación cuanto antes y a reactivar la negociación colectiva, que, según denuncian, se ha visto ralentizada por la “insistente injerencia” del Ministerio de Trabajo.
