El Gobierno ha decidido posponer hasta 2027 la entrada en vigor de VeriFactu, el sistema que obliga a empresas y autónomos a enviar sus facturas electrónicamente a Hacienda mediante programas informáticos específicos. Hasta ahora, las compañías debían contar con estos softwares desde enero de 2026, mientras que los trabajadores por cuenta propia tenían como fecha límite el 1 de julio de 2026. Con la nueva medida, las empresas deberán cumplir con la obligación a partir del 1 de enero de 2027, y los autónomos desde el 1 de julio de 2027.
El aplazamiento se ha formalizado mediante un Real Decreto-ley que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Según publica El Economista, que cita al Ejecutivo, la decisión de retrasar VeriFactu forma parte de los compromisos de gobernabilidad alcanzados con Junts, pero también responde a la necesidad de dar más tiempo para que empresas y profesionales se adapten a un sistema que exige cambios en los programas de facturación, formación del personal y ajustes en la operativa contable.
Más allá de cuestiones políticas, la falta de preparación es significativa. Una encuesta de Legálitas Negocios, realizada a mediados de octubre entre más de 1.600 emprendedores, revela que un 47,3 % de autónomos y pequeñas empresas desconoce la existencia de VeriFactu o su fecha de obligatoriedad, y un 25,4 % aún no ha iniciado la adaptación. Solo un 27,4 % afirma estar ya adaptando sus sistemas de facturación al nuevo requisito.
VeriFactu busca garantizar la integridad, trazabilidad y transparencia de las facturas, permitiendo su registro y verificación en tiempo real por la Agencia Tributaria. El incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal, y si se desarrollan o distribuyen programas no conformes, las multas podrían alcanzar los 150.000 euros. Además, no adaptarse a tiempo puede generar problemas operativos y reputacionales, como rechazo de facturas por parte de grandes clientes, retrasos en los cobros o pérdida de confianza por parte de proveedores y clientes.
Están obligados a implantar VeriFactu todas las empresas y autónomos que emitan facturas electrónicas, incluidas las simplificadas. Quedan fuera de la obligación quienes facturen exclusivamente de forma manual, los acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII), quienes tengan su domicilio fiscal en País Vasco o Navarra, o quienes cuenten con una resolución que los exima.
