La CEOE y Cepyme han decidido no apoyar la propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) planteada por el Gobierno, tras la reunión extraordinaria de sus respectivos comités ejecutivos celebrada la semana pasada. La decisión, adoptada por unanimidad, se produce en un contexto de fuerte tensión en la mesa de diálogo social y de desacuerdo interno entre los propios ministerios implicados.
Según han señalado ambas organizaciones empresariales, la reunión se convocó sin que se hubieran podido seguir los “procesos mínimos de consulta” propios de la negociación colectiva, al no haberse presentado ninguna propuesta en firme durante la mesa de negociación celebrada esta misma tarde. A ello se suma, denuncian, una “descoordinación y conflicto entre ministerios sin precedentes”, que habría dificultado cualquier posibilidad de acuerdo.
CEOE y Cepyme alertan además de que la subida del SMI planteada por el Ejecutivo constituye “una trampa” para las empresas. En este sentido, acusan al Ministerio de Trabajo de haber pactado con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, una medida que, a su juicio, vulnera el Estatuto de los Trabajadores y rompe los equilibrios de la negociación colectiva. Las organizaciones empresariales advierten de que esta decisión supondrá un incremento significativo de los costes laborales, especialmente para pymes y sectores intensivos en mano de obra, poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas empresas.
En un comunicado, CEOE y Cepyme denuncian lo que consideran un grave deterioro del diálogo social. “Nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días”, subrayan, al tiempo que reclaman al Gobierno retomar una negociación real y transparente que tenga en cuenta el impacto económico de las decisiones salariales.
El rechazo empresarial se produce en un momento clave, con el Ejecutivo decidido a impulsar una nueva subida del SMI en un contexto de desaceleración económica, márgenes empresariales ajustados y elevada incertidumbre para las pequeñas y medianas empresas. Mientras sindicatos y Gobierno defienden la medida como una herramienta para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, las organizaciones empresariales insisten en que cualquier avance en materia salarial debe abordarse desde el consenso y la corresponsabilidad entre todas las partes.
