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Contratación, fiscalidad y Seguridad Social, los grandes retos de autónomos y pymes

Bárbara MadariagaPor Bárbara Madariaga
11 febrero, 2026
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2025 ha sido especialmente intenso para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en España, al haber estado marcado por la incertidumbre económica, los cambios normativos y la digitalización creciente de las relaciones comerciales. Así lo refleja el Observatorio Jurídico de Legálitas 2025, que identifica las principales áreas de preocupación de estos colectivos: contratación laboral, Seguridad Social, fiscalidad, conflictos con proveedores y bancos, protección de datos, seguros y cobros o impagos.

En este sentido, la contratación laboral concentra el 17,41 % de las consultas, destacando la incertidumbre de autónomos empleadores y pymes sobre la gestión de contratos temporales, el uso del fijo discontinuo, la aplicación de convenios, modificaciones sustanciales, jornadas, contratación por necesidades de producción y extinción de contratos. También aumentan las consultas por autodespido, figura que está siendo más utilizada por trabajadores que consideran vulnerados sus derechos, y por la reforma del desempleo del RDL 2/2024, que genera dudas sobre subsidios, compatibilidades y procesos administrativos.

Además, los negocios han solicitado orientación sobre bajas médicas, gestión de incapacidad temporal, revisión de altas y consultas relacionadas con retribución, permisos y conciliación, especialmente tras los cambios normativos que amplían derechos y obligaciones empresariales.

La Seguridad Social se mantiene como el segundo gran bloque de interés. Las dudas más frecuentes se centran en altas y bajas, determinación de contingencias, inspecciones, bases de cotización, jubilación, compatibilidad entre actividad y pensión y obligaciones derivadas de la gestión de incapacidad. La complejidad normativa y sus continuas actualizaciones explican el elevado volumen de consultas.

En fiscalidad, más de la mitad de las consultas se relacionan con la Declaración de la Renta, clave para autónomos que integran IRPF en su actividad. También se destacan impuestos patrimoniales, donaciones, tributación por operaciones con clientes y proveedores y tasas municipales ligadas a la actividad económica, cuya diversidad competencial complica la gestión para pymes.

Aunque el área de consumo parece orientada al ciudadano, muchos problemas afectan directamente a negocios, especialmente por conflictos con entidades financieras, facturación de suministros y reclamaciones bancarias. La banca concentra el 60,59 % de las consultas de consumo, relacionadas con gastos hipotecarios, tarjetas revolving, créditos, impagos y cláusulas abusivas, con impacto directo en autónomos y comercios.

El informe también destaca el aumento del bloque B2B, con un crecimiento del 32,76 % y ya representando el 12,28 % del área mercantil. Los autónomos y pymes consultan sobre contratos con proveedores y distribuidores, responsabilidad por incumplimientos, penalizaciones, negociación de condiciones y blindaje frente a impagos, reflejando un clima empresarial más exigente y orientado a minimizar riesgos.

La protección de datos ha crecido hasta el 22 % del área mercantil, impulsada por dudas sobre el uso de información en redes sociales, derechos de imagen, tratamiento de datos de clientes y empleados, videovigilancia y protección de menores en entornos digitales.

En seguros, el área multirriesgo de comercios y pymes concentró el 28,3 % de las consultas, especialmente por daños en inmuebles derivados de fenómenos meteorológicos. Las reclamaciones al Consorcio de Compensación de Seguros crecieron un 43 %, relacionadas con inundaciones y tempestades que afectaron instalaciones, mercancías y actividad empresarial.

El Observatorio prevé un año 2026 con mayor presión normativa y necesidad de asesoramiento. Entre los factores que incrementarán la demanda de orientación se encuentran la nueva Ley de Crédito al Consumo, la ampliación del permiso por nacimiento a 19 semanas, la renovación masiva de contratos de alquiler de locales en un mercado tenso, la potencial implantación de Verifactu y el seguro obligatorio para vehículos personales ligeros, especialmente relevante para repartidores y negocios logísticos.

 

Tags: Legálitaslegislación

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