El Gobierno acaba de dar luz verde al Real Decreto que establece la obligatoriedad de la factura electrónica para pymes y autónomos, un paso esencial en el proceso de digitalización del tejido empresarial en España. Aunque su aplicación no será inmediata, la norma introduce cambios de calado en la forma en que las empresas gestionarán su facturación y su relación con la Agencia Tributaria.
La medida contempla el desarrollo de una plataforma pública y gratuita por parte de la Administración, que permitirá emitir facturas electrónicas de manera voluntaria en una primera fase. Una vez se apruebe la correspondiente Orden Ministerial, comenzarán a contar los plazos de adaptación: las empresas con una facturación superior a ocho millones de euros dispondrán de un año para cumplir con la normativa, mientras que el resto tendrá un plazo de dos años.
Para Soly Sakal, consejero delegado de Rhombus, este cambio supone “una obligación al cien por cien que redefine cómo trabajan las empresas en su día a día”. A su juicio, aunque existirá una alternativa pública, lo más habitual será que las compañías continúen utilizando sus propios programas de facturación, siempre que estén conectados con Hacienda, ya que forman parte de sus procesos internos.
El objetivo del Ejecutivo es reforzar el control fiscal, reducir la morosidad y mejorar la trazabilidad de las operaciones entre empresas. En este sentido, la obligatoriedad de la factura electrónica se limitará a las relaciones entre profesionales y compañías, quedando excluidas las operaciones con consumidores finales.
Convivencia con otros sistemas
La nueva normativa convivirá con herramientas ya existentes como Verifactu, aunque ambos sistemas responden a finalidades distintas. “Son cosas diferentes a nivel técnico”, explica Sakal. “Verifactu busca el control del IVA en tiempo real, mientras que esta normativa está más enfocada en la digitalización y en el seguimiento de los pagos”.
Desde el punto de vista económico, el Gobierno sostiene que la implantación de la factura electrónica permitirá generar ahorros significativos, como ya ocurre en sectores donde su uso está plenamente extendido. Sin embargo, desde Rhombus advierten de que el impacto no será homogéneo. “En teoría, la motivación es positiva: más transparencia y menos economía sumergida. Pero en la práctica hablamos de más control, más normativas y mayor inversión para cumplir con ellas”, señala Sakal.
Impacto en pymes y autónomos
El foco se sitúa especialmente en los autónomos y pequeñas empresas, que constituyen la base del tejido productivo español. “Este país está formado por millones de pequeños negocios que no alcanzan esos ocho millones de facturación. Para ellos, esto supone un esfuerzo adicional en un contexto ya complicado”, advierte el CEO de Rhombus.
Además, la desigual digitalización de las empresas puede dificultar la implementación de la medida, tal y como ya ocurrió con Verifactu. “Muchas compañías siguen trabajando con sistemas manuales o con softwares que no están preparados. Adaptarse implica costes, tiempo y reorganización interna”.
Por ello, Sakal insiste en la necesidad de acompañar la normativa con medidas de apoyo. “Lo más efectivo sería facilitar la adopción mediante políticas fiscales más flexibles o ayudas directas. No se trata solo de recaudar más, sino de permitir que las empresas puedan aplicar estos cambios sin asfixiarse”.
