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En una España acuciada por la crisis provocada por la covid-19, en la que las cifras de desempleo se elevaban a 3,9 millones de personas a finales de 2020, frente a los casi 3,2 millones a finales de 2019, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba recientemente la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 31 de mayo. Una prórroga con la que la ministra asegura que “quieren proteger el tejido productivo español, salvando a las empresas, manteniéndolas en activo”. Aunque más allá de mantener el tejido productivo como está actualmente, reconoce que quieren mirar hacia el futuro, renovándolo. En este sentido, Yolanda Díaz señala que cuando la pandemia finalice, España necesitará empresas renovadas económicamente, digitalizadas, sostenibles y redimensionadas.

El mensaje predominante que Díaz ha querido lanzar es que este modelo de ERTE continúa con las características de los anteriores, manteniendo los niveles de protección de los trabajadores y permitiendo a los mismos acceder a la prestación pública de desempleo, aunque carezcan de los requisitos de carencia. Ha recordado que se mantienen la base reguladora de prestación pública por desempleo al 70 % y las medidas para trabajadores fijos discontinuos. Así como la prohibición de despedir y de repartir dividendos por parte de las empresas que se acojan a los ERTE.

Apoyo de CEPYME

Medidas que desde CEPYME y CEOE han aprobado por unanimidad ya que, tal y como destacan, “son una herramienta irrenunciable para sectores gravemente dañados como el comercio, hostelería, turismo y transporte, conformados mayoritariamente por pymes”. Si bien desde la patronal se insiste en “la necesidad de aprobar un paquete de ayudas que acompañen a los ERTE, al igual que sucede en el resto de países europeos para evitar la desaparición de miles de pymes”.

Problemas para cobrar los ERTE

Un estudio, publicado a principios de enero por InfoJobs, destacaba que los 755.613 trabajadores que acabaron el año afectados por algún ERTE habían contribuido a frenar, en mayor medida, la destrucción de un mayor número de empleos. Aunque no todo son buenas noticias alrededor de los mismos ya que, tal y como mostraba a finales de 2020 el ultimo Barómetro de los Gestores Administrativos, con datos recogidos entre el 21 y el 28 de diciembre, 300.000 personas seguían sin cobrar el subsidio procedente del ERTE. De ellas, 205.000 personas están todavía en ERTE y 105.000 son trabajadores que estuvieron en esta situación y ya se han reincorporado al trabajo. Además, 500.000 siguen teniendo problemas en las cantidades cobradas durante su incorporación en un expediente de regulación de empleo. Esto se debe, según el Colegio de Gestores Administrativos, a que el SEPE, (Servicio Público de Empleo Estatal),  no cuenta con los medios necesarios para ponerse al día de forma urgente.

Del barómetro también se desprende que el 8,2 % de las pymes que presentaron un expediente de estas características, acogido al primer real decreto de marzo, han procedido a despedir a trabajadores, una vez pasados los seis meses correspondientes a la reincorporación del primer trabajador desde el ERTE, lo que equivaldría a 45.000 empresas. Además, y conforme a los datos obtenidos en el barómetro, un 1, 3 % de empresas que han presentado un ERTE han procedido a devolver las ayudas obtenidas por el mismo para poder despedir, al no superar los problemas derivados del parón sufrido por la actividad.

Por último, en el barómetro se pone de relieve que un 2,5 % de las pymes han sido o están siendo inspeccionadas por la Inspección de Trabajo, y de ellas el 8,2 % han sido sancionadas. Por otra parte, el 6,7 % de las pymes han sido o están siendo inspeccionadas por la Agencia Tributaria y de ellas el 13,7 % han sido sancionadas.

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