288.000 euros y hasta cuatro años de prisión, esta es la condena que puede recaer sobre empresarios y empresas que utilicen software ilegal, tras la modificación del Código Penal. Una medida que no extraña si tenemos en cuenta que en el último estudio realizado por IDC para la BSA, en el año 2013 el 45 % del software utilizado por las compañías españolas era ilegal. La sanción va más allá de la pena de cárcel o la multa ya que podrán suspenderse las actividades de la compañía, se producirá la clausura de locales y establecimientos o se mantendrá la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

Desde BSA se quiere concienciar sobre este problema a través de una serie de campañas, una página web (www.leysoftware.net), y una línea de atención telefónica (900 834 947) para que empresas y directivos se informen sobre las ventajas del uso de software legal y las consecuencias operativas y legales asociadas a la instalación y uso sin licencia.

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