Mientras las Comunidades Autónomas y el Gobierno ultiman los convenios para el reparto de los fondos de refuerzo de la solvencia empresarial, las empresas y autónomos se preparan para solicitar dichas ayudas. Según establece el Real Decreto Ley 5/2021 se prevé la creación de una línea de ayudas directas de 7.000 millones de euros. A Baleares y Canarias les corresponden 2.000 millones, que se repartirán en función de la caída neta de afiliados a cierre de 2020.
Los 5.000 millones restantes se repartirán entre el resto de CC.AA. teniendo en cuenta diversos indicadores como la renta, el desempleo y el desempleo juvenil. El decreto también recoge la puesta en marcha de una línea de 3.000 millones de euros para la reestructuración de deuda financiera, así como un fondo de recapitalización de empresas dotado con 1.000 millones.
Unas ayudas cuya tramitación, gestión y resolución estará en manos de las CC.AA. Esta situación hará que las empresas tengan que lidiar con 17 legislaciones diferentes y que el protagonismo de las asesorías y consultorías de empresa sea mayor. “Las asesorías tendrán un papel muy importante de apoyo a las empresas candidatas a las ayudas, tanto en el trámite administrativo y burocrático como en el cumplimiento de los compromisos adquiridos al recibir la ayuda”, ha comentado Mónica Mayor, asesora fiscal senior de CE Consulting.
A estas ayudas pueden acogerse aquellas empresas y autónomos que acrediten estar dados de alta en una actividad encuadrada en el Catálogo Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) y recogida en el Anexo I del propio Real Decreto Ley 5/2021. Además, los candidatos tendrán que presentar una caída mayor al 30 % del volumen de operaciones anuales. Para determinar la ayuda se tendrá en cuenta el número de empleados.
La línea de ayudas debe destinarse al pago de deudas con proveedores, acreedores y al pago de costes fijos. Los beneficiarios tienen que mantener la actividad económica hasta el 30 de junio de 2022 y no repartir dividendos durante el 2021 y 2022. Asimismo, no podrán aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante dos años.
