Desde el Banco de España alertan que cerca del 77 % de las empresas ha experimentado un aumento adicional en sus costes de producción por el encarecimiento de sus consumos intermedios, aunque solo el 38 % lo ha trasladado a sus precios finales. Dato al que hay que añadir el aportado por Contabilidad Nacional que avanza que, entre 2020 y 2021, las empresas vieron recortados sus beneficios en 100.000 millones de euros. En este 2022 la cifra ya se eleva a 7.000 millones de euros. Y es que en el primer trimestre de 2022 los costes totales subieron un 23 % pero las ventas aumentaban por debajo del 20 %.
CEPYME muestra su preocupación sobre los efectos de la inflación sobre las pymes, al tiempo que señala que no podrán mantener esta situación sin que se vea afectada la viabilidad y la creación de puestos de trabajo. “El encarecimiento de la energía, sumado al fuerte aumento de los precios de las materias primas merman la capacidad de producción y funcionamiento de estas empresas”, explican.
Por ello las pymes están llevando a cabo medidas como el ajuste de sus horarios ante el aumento del precio de la energía, la reestructuración de sus planes de producción e incluso cierres temporales parciales o totales de parte de sus cadenas, ajustando stocks. Un ajuste de actividad que redunda en la demanda de gas y en el consumo de energía eléctrica, revelando una contracción de la producción.
Los sectores más afectados, y que ya están tomando medidas, son los de uso intensivo de gas y electricidad como la industria papelera, metalurgia o siderurgia, por poner algunos ejemplos. Aunque otros como el de hostelería, agricultura y ganadería o industria manufacturera y agroalimentaria también están poniendo en marcha planes de contingencia.
Y es que tal y como recuerdan desde CEPYME, las pequeñas y medianas empresas están activando sus propios planes de contingencia para hacer frente al fuerte crecimiento de costes. Costes que están reduciendo en gran medida los márgenes de la mayoría de las compañías.
Ante esta situación CEPYME pide al Gobierno que tenga en cuenta la situación de las empresas, el incremento de costes y la caída de la rentabilidad al adoptar medidas de política económica, que “deberían tener como objetivo el impulso de la actividad productiva”.
