Un estudio de Qonto, elaborado junto con IO, revela que la mayoría de las pequeñas empresas españolas no estaba preparada para cumplir con la normativa de facturación electrónica VeriFactu, cuya obligatoriedad estaba prevista para el 1 de enero de 2026. Según la investigación, el 82 % de las pymes con menos de 50 empleados aún no había completado los requisitos necesarios para adaptarse al nuevo sistema.
El estudio muestra que la preparación varía significativamente según el tamaño y la facturación de la empresa. Mientras que el 37 % de las compañías con facturación superior a un millón de euros ya cumplía con VeriFactu, las microempresas presentaban niveles mucho más bajos de avance. Entre las empresas de 10 a 49 trabajadores, la implementación estaba más avanzada, mientras que muchas microempresas no habían iniciado ningún proceso de adaptación, valorando positivamente la reciente prórroga anunciada por el Gobierno hasta enero de 2027.
El informe evidencia que la adaptación se abordaba de manera progresiva: un 27 % de las empresas recopilaba información sobre la normativa, un 19 % evaluaba proveedores y soluciones digitales, y solo un 15 % había comenzado la implementación. Un 18 % no había iniciado ningún trámite, reflejando la dificultad de muchas pymes para asumir el cambio sin tiempo adicional.
El impacto económico de la adaptación también es desigual. La mitad de las empresas prevé un coste inferior a 5.000 euros, mientras que casi un 30 % espera una inversión superior, y el 18,4 % aún desconoce el coste exacto. El estudio subraya además la demanda de incentivos fiscales o ayudas: el 74 % de las pymes considera necesario un apoyo para facilitar la implementación anticipada de VeriFactu, especialmente entre autónomos y microempresas.
El estudio también pone de relieve que los perfiles financieros y las empresas con mayor facturación están más avanzados: el 89 % de los directores financieros cumple o está adaptando VeriFactu, frente al 82 % de gerentes y al 73 % de propietarios. Asimismo, la preocupación sobre un posible freno a la digitalización es más intensa entre las empresas grandes, mientras que los autónomos valoran la prórroga como una oportunidad para organizarse sin presión de plazos.
