El 44 % de las pymes tienen facturas emitidas con retrasos superiores a los 60 días y de ellas el 11 % de las facturas en mora representan más del 10 % de la cifra de ventas. Y,  aunque la morosidad “ha campado a sus anchas” porque hemos hecho de la misma una cultura y por la impunidad que ha presentado durante mucho tiempo, lo cierto es que la misma está descendiendo tal y como pusieron de manifiesto los diferentes ponentes que formaron parte de la jornada “El retraso de los pagos en las operaciones comerciales: situación y perspectivas en el ámbito privado y público”, organizado por CEPYME en Madrid.

Ángel Nicolás, vicepresidente de CEPYME, destacó la lucha de esta organización contra la morosidad. No en vano fueron designados por la Comisión Europea como embajadores para velar por el cumplimiento de la normativa de lucha contra esta lacra en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Y es que desde esta organización empresarial consideran tanto la morosidad como las dificultades de acceso a la financiación como dos de los factores que más inciden en la capacidad competitiva del conjunto de nuestras empresas. Por ello Nicolás remarca rotundamente que en un momento en el que este segmento empresarial está recuperando gradualmente sus ventas, no se puede permitir que la morosidad introduzca una mayor presión financiera a estas compañías, ni que aumenten sus costes fijos a través de una mayor carga administrativa y sus gastos asociados a la gestión del riesgo comercial, algo contra lo que viene luchando Cepyme en colaboración otros organismos, recordó.
Destacó mecanismos como el pago a proveedores y el marco regulatorio como fundamentales a la hora de mejorar la situación de nuestras empresas, al tiempo que anunció que seguirán proponiendo y reivindicando la adopción de medidas adicionales que pretenden corregir los defectos existentes en la normativa actual, los llamados “agujeros negros” en los que los“deudores profesionales” se refugian. Estas lagunas serían, según el vicepresidente de Cepyme, los diferentes regímenes jurídicos que establecen varios plazos de pago, la posibilidad de establecer calendarios de pago que permitan ir más allá de los plazos establecidos, los problemas que presenta el reconocimiento de las certificaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas o la aplicación de la necesidad de una declaración de nulidad de cláusulas contractuales que establezcan tipos de interés de demora inferiores al 70 % del legal recogido en la norma.
Nicolás prosiguió diciendo que también es fundamental contar con la implantación de un régimen proporcional y objetivo de infracciones y sanciones como instrumento disuasorio para combatir a corto plazo el retraso internacional de los pagos, sobre todo cuando se produce un abuso de posición dominante en el mercado, al tiempo que propuso tipificar como actos desleales, según la Ley de Competencia Desleal, tanto la inobservancia grave de los plazos de pago legal o contractualmente exigibles como otro tipo de conductas como el quebrantamiento de los códigos de buenas prácticas voluntariamente asumidos o el reforzamiento jurídico de la comprobación de la Administración contratante del cumplimiento de los pagos que los contratistas hacen a los subcontratistas o suministradores, por poner algunos ejemplos. Pero por encima de todo, el vicepresidente de Cepyme remarcó la necesidad de fomentar una mejor cultura de la gestión empresarial y una mayor difusión de las mejores prácticas en el ámbito del control y prevención del riesgo de crédito comercial.
En cuanto al paquete de reformas llevadas a cabo por parte de las Administraciones públicas, entre las que figura el fondo de pago a proveedores, Andrés de la Fuente, representante de la SG de Coordinación autonómica y local, dijo que no solo hay que tener en cuenta la evolución positiva de los indicadores desde que la reforma se puso en marcha, sino que hay que dejar que pase un tiempo razonable para que las medidas coyunturales surtan el efecto deseado.
Y es que, tal y como remarcó Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, los proveedores han mejorado considerablemente su situación ya que se ha abonado más de 73.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas y entidades locales, destinados al pago directo a proveedores a través de mecanismos de financiación, con los que se han pagado casi ocho millones de facturas a más de 200.000 proveedores, autorizándose más de 5.000 millones de euros en dotaciones extraordinarias.
Una invitación al optimismo
Los datos que se dieron a lo largo de la jornada invitan al optimismo ya que la morosidad, tanto pública como privada, se han reducido tanto en los plazos de pago como en las cuantías de mora, en parte debido a la reactivación de la economía española, aunque las medidas llevadas a cabo por la Administración han tenido mucho que ver, entre ellas la Ley de Factura Electrónica, la Ley orgánica de control de la deuda comercial y los planes de pago a proveedores. Aun así, según datos del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el periodo medio de pago por parte de la Administración General del Estado se sitúa entre los 1 y los 13 días, en función de que se computen o no los pagos de la Seguridad Social. En las Comunidades Autónomas se ha rebajado el periodo de pago cinco días, pasando de los 50,83 días a los 45,24 en mayo de este año, mientras la deuda comercial se ha reducido en un 68 % desde el año 2012. Y en las corporaciones locales el periodo medio de pago es de casi 20 días, bajando hasta los casi 16 en el caso de las grandes ciudades.
Operaciones comerciales
No podía faltar en el acto la presentación del Boletín de morosidad y financiación empresarial elaborado por CEPYME, en colaboración con la Dirección General de Industria y de la Pyme, junto con Analistas Financieros Internacionales (AFI). José Antonio Herce, socio de AFI, destacó que en cuanto a operaciones comerciales se refiere, 2015 abrió con una caída hasta los 91,5 puntos, un nivel cercano al mínimo histórico, según sus palabras. Recordó cómo la morosidad ha ido descendiendo paulatinamente a lo largo de la crisis, con un punto de inflexión a mediados de 2013, momento en el que las empresas se volvieron muy selectivas con el crédito comercial. Y es que el mismo se ha desfondado como consecuencia de la crisis, dijo, al tiempo que la morosidad empieza a caer al normalizarse las condiciones. Por ello, en este momento, el periodo medio de pago ha disminuido hasta los 80 días en el primer semestre de 2015, mientras el porcentaje de crédito comercial se reduce por debajo del 69 % del total. Herce se muestra optimista con respecto al segundo semestre, al considerar que seguirá disminuyendo en este periodo.
Entre otros datos destacó que crece en casi un 9 % el número de pymes que tiene más de un 10 % de su facturación en riesgo de impago, un dato positivo si tenemos en cuenta que esta cifra se elevaba al 24 % en junio de 2014.
Reseñable también el dato que muestra que el crédito comercial representaba el 42 % del PIB en 2011 y ahora apenas 30.000 millones de euros, cayendo sistemáticamente, aunque en este momento hay un pequeño repunte debido a un aumento del empleo y de la actividad empresarial.
La percepción de la morosidad también ha mejorado en todas las Comunidades Autónomas y por tamaño de empresas la visión menos halagüeña viene por parte de las medianas, con saldos algo superiores a la media. Y es que las micro son las que más respetan los plazos medios de pago, con 10 días por debajo de las medianas.
En cuanto al crédito bancario a empresas, el experto confirma que aunque se redujo un 5,2 % interanual en el primer trimestre de 2015, cada vez se da con mayor intensidad. “Estamos al borde de que el crédito nuevo supere a las amortizaciones por parte de los bancos”, confiesa. Y en este sentido hasta las empresas más pequeñas están accediendo al mismo.
En la lucha
Y en esta lucha contra el efecto devastador que tiene la morosidad en la economía, Laura McGrath, policy officer de la Comisión Europea, destacó el hecho de que España pagara más tarde que la media del resto de países que forman parte de la UE: 70 días por parte de las empresas y 103 en la Administración Pública, frente a los 36 días en Europa en las empresas y 45 en las administraciones públicas, por lo que dijo que nos queda mucho por hacer en esta materia, aunque reconoció las mejoras que estamos consiguiendo.
McGrath recordó que la directiva 2011/7 se elaboró para solucionar este problema. En ella el límite tope para el pago entre empresas es de 60 días, por lo que las compañías tienen derecho a recibir intereses del 8 % en caso de incumplimiento de esta norma y de otros 40 euros por los costes de cobro en los que haya incurrido la compañía. También hizo alusión a la factura electrónica de quien dijo, debería ser la norma en el siglo XXI, ya que permite automatizar los procesos de pago y de cobro.
¿Qué medidas se están tomando en otros países? Un observatorio de la morosidad en Francia y un código que crea una agencia de la gestión del crédito para respetar los pactos pactados en el Reino Unido. Las empresas suscriben este código voluntariamente, por lo que se puede consultar quién lo ha hecho.
Por otro lado, desde Ecofin se está llevando a cabo una plataforma de gestión integral del riesgo de crédito por operaciones comerciales junto a CEPYME.

Datos a tener en cuenta

• El Índice Sintético de Morosidad Empresarial del primer trimestre de este año indica que la misma ha descendido hasta los 91,5 puntos.
• El periodo medio de pago ha disminuido hasta los 79,1 días y el porcentaje de crédito comercial en mora se ha reducido por debajo del 69 % del total de facturas pendientes de pago.
• Las facturas denunciadas acumulan en mayo de 2015 más de 1.050 días de retraso, casi tres años de impago.
• La deuda comercial asciende a 1.500 millones de euros, el 0,5 % del PIB.
• Por sectores, a excepción de la hostelería el resto opina que el problema de la morosidad se ha atenuado en los últimos meses, al tiempo que consideran que será mejor en el segundo semestre de este año.
• La distribución alimentaria es la que menos incidencias ha tenido, la construcción la que presenta mayores plazos de cobro.
• El periodo medio de cobro ha descendido 25 días.
• Por Comunidades Autónomas, excepto Extremadura y Cataluña, la percepción sobre la morosidad ha mejorado en todas en el primer semestre de este año.
• Las empresas aragonesas son las que mejor pagan. Por el contrario las que tienen su sede en Ceuta y Melilla, Murcia y las Islas Canarias las que peor pagan.
• Las microempresas solo superan en 13 días el periodo de pago legal. A medida que el tamaño se incrementa, los plazos se dilatan.
• La nueva concesión de crédito a empresas ha crecido un 8 %.
• El 34,2 % de las pymes acude a los bancos en busca de financiación con la que evitar la morosidad.
• La tasa de rechazo de préstamos bancarios a pymes se ha reducido hasta el 7 %.
• Para luchar contra esta lacra hay que utilizar la Ley 3/2004 que fija los plazos de pago y establece los mecanismos para la reclamación de intereses por la demora.
• Tenemos que recuperar la cultura de pago mensual.
• Hay que implicar a las empresas en el conocimiento y la utilización de las herramientas legales.
• Para eliminar la morosidad lo más importante es trabajar conjuntamente Administración, empresas y organizaciones empresariales.

INMA ELIZALDE

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