ley crea y crece - Revista Pymes - Tai Editorial - España

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley “crea y crece” en el que se reducen los obstáculos regulatorios y financieros con el objetivo de facilitar la creación de empresas e impulsar su crecimiento y expansión. La nueva normativa, que es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está desarrollada para mejorar el proceso empresarial y conseguir así aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización.

El nuevo texto reduce y agiliza los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, fomenta su crecimiento, generaliza el uso de la factura electrónica y establece medidas para luchar contra la morosidad. Además, impulsa la financiación alternativa a través de herramientas como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.

Fomentar la creación de empresas

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A partir de ahora para la creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada el capital necesario será de 1 euro y no 3.000 euros como se establecía hasta el momento. Gracias a esta reducción del coste económico las empresas podrán invertir en otros recursos alternativos. Además, esta medida, que favorece el emprendimiento, acerca a España a gran parte de los países europeos en los que no se exige capital mínimo.

El ejecutivo también ha reducido los plazos para la creación, así como los costes notariales y registrales, de una empresa. La nueva ley permite constituir una compañía a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

Favorecer el crecimiento

La nueva ley pretende luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales. Razón por la cual se establece la obligatoriedad de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos. De esta manera se garantiza una mayor trazabilidad y control de pagos.

Se establece también que las organizaciones que no cumplan con los plazos de pago indicados en la Ley de Morosidad no podrán ser beneficiarias de una subvención pública o entidad colaboradora en su gestión. Asimismo, el texto recoge la creación, en los próximos seis meses, de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada que se encargará de realizar el seguimiento y análisis de los datos e impulsará buenas prácticas.

Además, el anteproyecto de Ley simplifica la legislación existente, elimina las regulaciones innecesarias y establece procedimientos más ágiles para conseguir mejorar la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas. Para ello se ha modificado la Ley de medidas de liberación del comercio y la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y se ha habilitado una nueva Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios.

Mejorar la financiación

Reforzar los instrumentos de financiación es otro de los objetivos de la ley “crea y crece”. En este apartado el Gobierno apuesta por una financiación alternativa a la bancaria a través de mecanismos como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

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Crowdfunding o financiación participativa, en este ámbito la normativa se adapta a la regulación europea introduciendo mayor flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Igualmente, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y reducir los costes de gestión.

Además, se impulsa la industria del capital riegos y se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países cercanos.

Opinión de CEPYME

Desde CEPYME reconocen el esfuerzo del Gobierno por abordar la problemática sobre el tamaño empresarial en la nueva ley. Sin embargo, reclaman que el la ley “crea y crece” debe incluir la reducción de cargas regulatorias e incentivos fiscales para el crecimiento empresarial. Asimismo, la confederación cree que la generalización de la factura electrónica no se corresponde con las limitaciones digitales de las empresas de tamaño reducido.

En cuanto a la pérdida de acceso a subvenciones o a los fondos europeos para todas aquellas organizaciones que no cumplan con los plazos de pago indicados en la Ley de Morosidad, CEPYME asegura que estas sanciones son desproporcionadas y contraproducentes.

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