El reciente enfrentamiento entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, por la obligatoriedad del registro horario digital ha reavivado el debate sobre las reformas laborales en España. Con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas actualmente bloqueada en el Congreso, el Gobierno ha decidido avanzar mediante decreto en la digitalización del control horario, endureciendo las sanciones y reforzando la supervisión por parte de la Inspección de Trabajo.
En este contexto, la firma RSM España ha analizado las principales reformas que afectarán a las empresas en los próximos dos años. Los expertos alertan sobre un escenario de “mayor fiscalización, menor flexibilidad y creciente exigencia documental”, en el que las compañías deberán adaptarse para garantizar el cumplimiento operativo de las normativas laborales. “El registro horario es solo la antesala de una reforma laboral más profunda que exige trazabilidad y evidencia documental para cada hora trabajada, becario contratado o nómina pagada”, explican desde RSM.
La reducción de la jornada a 37,5 horas continúa siendo una prioridad del Ministerio de Trabajo, aunque su aprobación parlamentaria está paralizada. Mientras tanto, el Gobierno impulsa un decreto que obligará a las empresas a implantar sistemas digitales interoperables para el registro horario, con multas de hasta 10.000 euros por empleado en caso de incumplimiento. Por ello, RSM recomienda a las empresas revisar ya sus sistemas de turnos, bolsas de horas y convenios colectivos, para anticiparse a un modelo más rígido y verificable.
Otra reforma destacada es la del Estatuto de las Personas en Formación Práctica, que limitará la presencia de becarios al 20 % de la plantilla y obligará a las pymes a asumir gastos asociados y garantizar planes formativos individualizados. “Las prácticas dejan de ser un apoyo temporal para convertirse en un proceso formativo regulado, con sanciones que pueden alcanzar los 225.000 euros para las empresas incumplidoras”, advierten los especialistas de RSM.
Además, se prevé una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros en 2026. Aunque la legislación actual permite compensar este incremento con otros conceptos salariales, existen rumores de que el Ministerio de Trabajo podría limitar esta práctica, lo que implicaría un aumento significativo de costes para las empresas.
Por último, la Inspección de Trabajo intensificará su control sobre despidos objetivos, autónomos y cotización por ingresos reales, con especial atención a la precisión documental y el cumplimiento estricto de plazos y notificaciones electrónicas.
El mercado laboral español se dirige hacia un modelo de cumplimiento intensivo marcado por la digitalización, la trazabilidad y un control administrativo sin precedentes. Según datos recientes, las inspecciones laborales aumentaron un 22 % en 2024, y el refuerzo presupuestario previsto para 2025 apunta a una mayor vigilancia.
“Estamos ante un cambio estructural”, concluyen desde RSM. “La seguridad jurídica dependerá menos de la negociación y más de la capacidad para demostrar documentalmente el cumplimiento. Las empresas deberán invertir en sistemas y gestión preventiva para adaptarse a esta nueva realidad”.
